Será un síntoma de esperanza, pero percibo con cierta ilusión que algunos sectores de la sociedad civil catalana empiezan a movilizarse y a plantar cara a quienes están gestando un desacato a la legalidad vigente bajo la apariencia de darle la palabra al pueblo de Cataluña, como si sus ciudadanos se hubieran abstenido de votar en las elecciones generales y municipales celebradas en los últimos meses y años. Siguen la estela de Societat Civil Catalana, de Empresaris de Cataluña de Josep Bou, entre otros.
Así, en las últimas semanas se han producido tres actuaciones que acreditan que bajo la apariencia de la narcotizada sociedad catalana, donde no hay medios libres que denuncien ni la corrupción ni la locura independentista, late un mínimo de decencia y de respeto por la legalidad y la democracia. Esto contrasta con la aparente parálisis de las principales empresas y entidades financieras de Cataluña frente al desafío independentista, que serían las principales víctimas de la separación. ¿O es que no se dan cuenta que lograda la independencia, Cataluña sería una democracia totalitaria de la CUP?
El primero de ellos es el más reciente, al saberse que el próximo 2 de febrero un grupo de juristas presentará un manifiesto en defensa del Estado de derecho y la democracia, en un gesto contrario al proceso independentista, que se va a centrar en los próximos meses en el marco jurídico y las leyes de "desconexión". En esos ámbitos existe la lógica preocupación por la "falta de nivel jurídico" que observan en sectores independentistas, donde se confunde intencionadamente al ciudadano y se pretende establecer la supremacía de la democracia sobre el imperio de la ley. Alegan estos juristas, que en Cataluña hay plataformas y entidades contrarias a la independencia, que creen que la sociedad civil está empezando a decir ¡Basta Ya! a esta situación, y que denuncian que la falta de respeto al Estado de derecho pone en peligro la democracia.
Otro síntoma que alberga esperanza es la manifestación de mil agentes de la policía, nacional, los Mossos d’ Esquadra, Guardia Civil, Guardia Urbana, Ertzaintza y Vigilancia Aduanera, que el pasado martes 17 de enero salieron a las calles de Barcelona para reclamar “respeto institucional” por su labor, cuestionada permanentemente por los radicales de la CUP –que buscan la impunidad -, esgrimiendo que son objeto de acoso constante en sus funciones de velar por la ley y por el mandato de los jueces.
Y es que en verdad causa indignación que los radicales antisistema de la CUP denuncien la actuación de las fuerzas del orden cuando cumplen con la orden de detener al alcalde insumiso que se niega a comparecer a una citación judicial, al concejal que rechaza y rompe en público una citación judicial de comparecencia; también cuando comprueban el trato de favor que la alcaldesa de Barcelona concede a los vendedores ilegales, y las provocaciones de los concejales de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona. También les indigna la apelación de su propio consejero del Interior para que se despenalice la quema de retratos del Rey una vez que la Fiscalía ha reclamado a los agentes autonómicos que remitan a la Audiencia Nacional información sobre la campaña antimonárquica de la CUP. Los sindicatos policiales alegan que sus mandos políticos no les respaldan, que carecen de garantías judiciales en su trabajo y que son utilizados como moneda de cambio en las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y la izquierda antisistema de la CUP. Por eso, la pancarta que encabezaba la manifestación rezaba “Todos unidos por la dignidad, el respeto y la seguridad. Servimos y protegemos a los ciudadanos. ¡¡¡Basta ya!!!”. Ejemplar lema.
Y por último, hay un hecho que desgraciadamente ha pasado desapercibido para los medios informativos y que merecería haber sido resaltado y repetido hasta la saciedad por los diarios y telenoticias. Cuando el ayuntamiento de Badalona, gestionado por concejales de Guanyem Badalona (la coalición de CUP y Podemos) y ERC desobedeció la orden judicial de respetar la fiesta del 12 de octubre y abrió sus puertas para gestiones de sus ciudadanos, alegando que así quería demostrar su rechazo a una conmemoración que en su opinión es expresión de la "exaltación del franquismo" y el "genocidio" de los pueblos precolombinos, una ciudadana anónima se presentó en la puerta del ayuntamiento con algunos ciudadanos contrarios a que no se celebrara el 12 de octubre y le dijo a la cara al teniente de alcalde Jose Téllez: “Si el Ayuntamiento desobedece, yo desobedezco al Ayuntamiento". Téllez acababa de romper el auto del juez ante las cámaras de todos los medios con la frase: "Ningún juez impedirá que ejerzamos nuestro derecho a la representación política”.
¿Dónde está esa ejemplar mujer? ¿Por qué ningún periodista de este país y de esos que tanto exigen un comportamiento moral y cívico no le ha llevado a sus programas de denuncia para presentarla como un ejemplo de la auténticamente cívica actitud de un ciudadano demócrata ante la burla del estado de derecho de sus instituciones? ¿Por qué no le llaman el “valiente” Évole y los “justicieros” de la Sexta? Quizás porque su ejemplar acto de rebeldía podría ser imitado por otros miles de ciudadanos catalanes, hartos de contemplar que sus representantes se dedican a desobedecer a los jueces.
Bien harían los partidos constitucionalistas en ofrecer a estas tres manifestaciones de hartazgo una mayor cobertura en diarios, radios y televisiones para acreditar que algo se está moviendo en Cataluña, y que no solo se ofrece un diálogo para aplacar las demandas de los permanentemente agraviados “separatistas” y que puede potenciarse un ¡¡¡Basta Ya!!!!!, como el que en el País Vasco rearmó moralmente una sociedad frente al terror y el separatismo fanático, en aras de una Cataluña responsable y solidaria entre sí y con los ciudadanos del resto de España. Entonces fue más heroico: frente a las pistolas y el tiro en la nuca. Y se ganó.