Ante el desgaste del órdago secesionista catalán, cuarteado por la incierta situación política de la Comunidad, Oriol Junqueras quiere precipitar el referéndum y sorprender a Mariano Rajoy en pernetas.
El Gobierno de la nación, a pesar de sus extrema debilidad, está en la obligación de hacer frente a lo que se le viene encima. Y no basta solo con el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias se las pasan por el arco del triunfo los dirigentes secesionistas catalanes.
Ante las prisas de Junqueras, el Gobierno, y en especial el ministro del Interior, tienen que tomar todas las medidas que impidan la gran tropelía. Puigdemont, Junqueras, el pobre Arturo Mas y los que les respaldan son jugadores de ventaja. Mariano Rajoy no debe adormecerse y resultar sorprendido. Tiene que prevenir, que en política es lo adecuado, en lugar de curar.
Son muchos los analistas catalanes que se refieren al propósito de Oriol Junque-ras: dar un golpe de mano y convocar por sorpresa el referéndum. Está claro que, conforme a la Constitución y al sentido común, la decisión sobre la secesión de Cataluña corresponde a todos los españoles libres e iguales ante la ley. Y que la convocatoria de un referéndum parcial, en lugar de seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de la Constitu-ción, es radicalmente ilegal.
Recientes decisiones de los Tribunales Constitucionales de Alemania, Francia e Italia concuerdan con las del Tribunal Constitucional español. Mariano Rajoy no se puede dormir en los laureles jurídicos porque el partido del secesionismo catalán se juega en el terreno político. Y al Gobierno corresponde adoptar todas las medidas necesarias para que se respete en Cataluña el Estado de Derecho, sin descartar la aplicación total o parcial del artículo 155 de la Constitución.