Donald Trump ha completado dos semanas de presidencia, y echar la vista atrás se parece a los balances que se hacen a los cien días, a la luz de la inusual actividad del presidente en estos primeros días. Es cierto que una parte no desdeñable de sus decretos, u órdenes ejecutivas, son más muestras de deseos que otra cosa, pues su contenido concreto depende de lo que decidan las dos Cámaras que forman el Congreso de los Estados Unidos. Es el caso de una de las órdenes ejecutivas firmadas este viernes, y que hace referencia a la regulación financiera.
Aunque el texto no lo dice expresamente, el ánimo del decreto es echar por tierra gran parte de la regulación surgida al amparo de la ley Dodd-Frank. Desde el punto de vista simbólico es un paso relevante. Aquélla ley tendría como objetivo impedir que los bancos recurran a prácticas llamadas “predatorias”, que les permitían conceder préstamos a personas sin crédito, acumular activos tóxicos, colocarlos en el mercado y, por esa vía, favorecer que la burbuja creada por la Reserva Federal continuase agrandándose, y con ella los futuros problemas de la economía estadounidense. Cuando estos problemas llegaron en forma de la mayor crisis desde la Gran Depresión de los años 30’, el Senado reaccionó aprobando esta ley, aderezada con una doctrina crítica con las prácticas de los bancos.
Por un lado es razonable pensar que los 22.000 folios de las nuevas regulaciones financieras están suponiendo una traba al desarrollo del mercado financiero. Pero lo importante es ver ahora por qué se quiere sustituir. Por el momento, ha dejado claros una serie de principios, alguno de los cuales es muy importante, como evitar los rescates financieros o mejorar la regulación para evitar el riesgo moral o el acceso asimétrico a la información.
Pero el mayor de los riesgos morales es el que impone la presencia, como un elefante dentro de una habitación, de la Reserva Federal. Se creó hace poco más de un siglo con el objetivo de “flexibilizar el crédito”, es decir, de favorecer que los bancos concediesen más préstamos. Y eso es lo que ha hecho en este largo siglo de Fed, al actuar como prestamista de última instancia. Hoy, cuando están todavía sobre el suelo los cadáveres de la gran recesión, tenemos una regulación que ni siquiera se plantea la posibilidad de permitir que los bancos quiebren sin que intervenga la Fed. Eso es lo que quiere cambiar el nuevo presidente, pero por ahora sin más pistas sobre hasta dónde quiere llegar. Por el momento, le ha dado 120 días al secretario del Tesoro y al Consejo de Vigilancia de Estabilidad Financiera para que elaboren un informe que examine cómo se adapta la actual legislación a esos principios. Pero hasta que no se revise el papel de la Reserva Federal, no será suficiente.
Por lo demás, más allá de las bravuconadas y de las decisiones mejor o peor informadas, esta tiene ya la hechura de una presidencia reformista.