No hay semana en que el nacionalismo catalán deje de sorprender con ideas a cual más inconcebible. La última de ellas ha corrido a cargo de Esquerra, que pretende que el Gobierno evite dar funciones comerciales al Rey en sus viajes oficiales. Con el registro de esta proposición no de ley en el Congreso, Joan Tardá hace un flaco favor a todo el empresariado catalán -y, por ende, español-, al que a buen seguro ha generado una gran perplejidad.
Esquerra tiene perfecto derecho a defender sus postulados republicanos. Lo hace, además, en el lugar que corresponde, el Congreso de los Diputados. No es de recibo, en cambio, que anteponga clichés ideológicos sin fundamento alguno para intentar obstaculizar una labor altamente beneficiosa que la Corona lleva décadas desempeñando con éxito.
Los buenos oficios de Don Juan Carlos y ahora de Don Felipe han supuesto impulsos muy ventajosos para que las compañías españolas se desarrollen en el extranjero. Ello implica más creación de riqueza y de puestos de trabajo, así como reforzar la imagen de España con vistas a futuras inversiones. Que el nacionalismo catalán pretenda ahora poner coto a la iniciativa empresarial resulta de todo punto inexplicable, al tiempo que retrata su “aportación” al progreso de Cataluña y del resto de España.