Ya se sabe, con las cuestiones de bioética hay que tener cuidado, y más si cada año nacen en el extranjero entre 800 y mil bebés que buscan después con sus padres cabida legal en España.
El caso es que unos dicen “no” de entrada mientras otros claman ya por una regulación exprés. Unos prometen que se debatirá en el Congreso de los Diputados y otros lo harán en su propio congreso.
Así pasará, por ejemplo, este fin de semana en el congreso nacional del PP, cuando el exconcejal del PP de Benidorm, Lorenzo Medina, pida la legalización “del mal llamado vientre de alquiler” para parejas que no pueden tener hijos. Al respecto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ve necesario abordar el debate, ya que no hay regulación actualmente en España, aunque ha señalado que “no es fácil” ya que es un tema nuevo e implica “muchos principios y planteamientos éticos”.
Muchos coinciden en que el papel de la mujer está “muy comprometido”. Así, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, defiende que si la gestación subrogada se regula debería garantizarse que se hace “de manera voluntaria y sin contraprestación económica” para la mujer que lleva a cabo la gestación, porque no debe convertirse “en un negocio”.
En esta línea se ha pronunciado también desde Podemos, su exsecretaria de Análisis y Programa, Carolina Bescansa, que afirmó que la utilización de los cuerpos de las mujeres a cambio de dinero “es algo que atenta básicamente con una concepción de la integridad de las mujeres”. Ha explicado que si bien el movimiento feminista se posiciona contra este tipo de gestación, en Podemos entienden que se dan unas circunstancias que obligan a sentarse con expertos, asociaciones y familias “para escuchar a todos”.
En cualquier caso, quien ha prometido llevar el debate de la gestación subrogada al Congreso “para debatirla y sacar adelante una regulación altruista y de justicia”, ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que explicó que “no es justo que lo más bonito de la vida que es ser madre o padre dependa del dinero de tu cuenta corriente”.
Todo lo contrario de lo que opina el PSOE, que rechaza la regularización de la gestación subrogada al igual que la mayoría de las asociaciones de mujeres.
La gestación por sustitución o gestación subrogada es una forma de reproducción asistida en la que, además de los padres, participa una mujer ajena a la pareja que es la que gesta el embrión, que puede ser resultado de una inseminación artificial o de una fecundación “in Vitro”. Además, los gametos pueden proceder de uno de los progenitores y de una donación, de los dos progenitores, o de donaciones.
La técnica de la gestación subrogada se produce cuando, por medio de un acuerdo o contrato, una mujer consiente libremente llevar a cabo la gestación. Lo hace, claro está, con el compromiso irrevocable de entregar el bebé nacido a los otros intervinientes que, finalmente y a todos los efectos, serán los progenitores o padres.
Este sistema es la solución para personas que tienen problemas físicos o de salud que les impiden gestar o para varones que no tienen pareja y desean ser padres o para parejas de gays. Son conocido los casos públicos de Miguel Bosé, Kiko Hernández (del programa de TV Sálvame) o Ricky Martin.
En nuestro país la gestación subrogada es alegal (no regulado ni prohibido). El artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida establece que el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o tercero es nulo de pleno derecho.
Sin embargo, según explica la Asociación por la Gestación Subrogada en España, “la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y el Notariado ha dejado sin contenido efectivo la prohibición de la gestación subrogada al contemplar la inscripción en el Registro Civil de niños frutos de esta técnica siempre que el procedimiento se haya llevado a cabo en un país en el que dicha técnica esté regulada, que uno de los padres sea español y que exista una resolución judicial que garantice, entre otros aspectos, los derechos de la mujer gestante. En la anotación que se haga en nuestros registros no figurará el nombre de esta mujer”.