El Tribunal Constitucional acordó por unanimidad el 14 de febrero anular la resolución del Parlamento catalán que preveía una futura convocatoria de una consulta soberanista en Cataluña. Igualmente, acordó denunciar ante el fiscal a la presidenta de este Parlamento, Carme Forcadell, y a los miembros soberanistas de la Mesa, por haber desobedecido a este tribunal al aprobar dicha convocatoria.
Así, el auto dice: "La voluntad del Parlamento de Cataluña de eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español" supone "intentar una inaceptable vía de hecho. El Parlamento de Cataluña no puede desconocer que la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para convocar y celebrar un referéndum".
Ha recordado que al aprobar la resolución impugnada, el Parlamento de Cataluña "ha desatendido las reiteradas advertencias de este Tribunal".
El auto, sobre la Cámara catalana, añade: "Su antijurídica voluntad de continuar con el proceso constituyente en Cataluña al margen del ordenamiento constitucional y sin supeditarse a las decisiones de las instituciones del Estado español y en particular de este Tribunal Constitucional".
Y concluye que esto supone "intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el artículo primero de la Constitución) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica".