La envergadura del Estado siempre se ha justificado en pro de asegurar el bien común. Es una garantía para mantener la convivencia, que el fuerte no abuse de su fuerza en provecho propio y deje al débil marginado en el festín de la vida.
De hecho, los Estados modernos nacieron para limar los abusos de la sociedad feudal. Si bien, como hijos de aquel modelo siguieron ejerciéndolo bajo la fórmula de la monarquía absoluta, que obligaba a obedecer a un único soberano y dueño de los hombres y sus vidas, de las mujeres y sus posibilidades, y de las haciendas de todos. El rey dictaba las leyes, las aplicaba y decidía cuanto fuera menester, sin admitir réplica.
La Ilustración, y más en concreto, el Barón de Montesquieu pretendió clausurar el modelo feudal, estableciendo la triple división del poder estatal. Aquella división cuajó y treinta y cuatro años después de morir él, Francia pudo asistir al Juramento del Juego de Pelota. Y tuvieron Constitución. Incluso España, a rebufo, tuvo la suya, su Pepa, veinticuatro años más tarde que en Francia. La Pepa, en su capítulo VII, fija veintiséis funciones que corresponden al poder legislativo, todas relacionadas con el bien común. Una alude a la protección de la libertad política de imprenta.
No creo que la Pepa tuviera tiempo para desarrollar esta función, porque aquel Rey, tan indeseable, desde que pasó por El Pedernoso, donde humilló a los 69 diputados que salieron a recibirlo, con el Manifiesto de los Persas en la mano (eso, encima), se ciscó en la Constitución cuántas veces le vino a su real gana.
Transcurridos más de doscientos años de todo aquello, hoy soportamos un Estado, diecisiete estadillos y dos medios que, puede que tal vez, quizá, a lo mejor, siguen ocupándose del justificante bien común; pero, sin duda alguna, han invadido todo el ámbito de la libertad individual, persiguiéndola hasta el último recoveco, llegando a dejar al ciudadano sin conciencia y convertido en res mancipi que, libremente, paga por todo.
El Estado y sus monaguillos se dedican a cuidar al ciudadano ¡Échense a temblar! Ponen tanto celo en ello que, incluso, justifican sus injerencias por proteger al ciudadano de sí mismo. Por ejemplo, para que el ciudadano no se mate en la carretera, el Estado pone radares estratégicos, en tramos sin peligro, donde es fácil que el conductor rebase el límite de velocidad, milimétricamente establecida en previsión: sanción y multa de escarmiento, para que el incauto aprenda. La medida es tan eficaz que todos los años se matan más de mil…; pero, pagan muchos cientos de miles. Cui prodest?
Es lo mismo que ocurría en el internado, cuando el prefecto se escondía por ver si pillaba a algún colegial echando la zancadilla al que iba delante en la fila. Además del tortazo, que entonces la violencia pedagógica era un valor, el infractor se quedaba sin postre, o sin recreo, porque el castigo era meramente punitivo. El prefecto seguía escondiéndose, porque el miedo a poner la zancadilla duraba poco. No hemos aprendido otra cosa distinta.
¿Quieren más ejemplos concretos?
Maternidad subrogada: el partido del Gobierno en curso, según su último congreso, está dispuesto a dejar que los diputados voten en conciencia, a la hora de dirimir este asunto. Tal prepotencia resulta ofensiva para el ciudadano. Parece que la conciencia de los señores diputados fuera de más calibre moral (¡…!) que la conciencia de los padres biológicos y la de los futuros padres reales, afectos por el asunto en cuestión. Un acuerdo entre particulares es intervenido por el Estado, que ha de dictar su veredicto previo, antes incluso de que haya habido problema de convivencia. De paso, se da oportunidad de fijar alguna tasa.
En el origen de la vida humana, el Estado discierne sobre la eugenesia, el aborto, las células madre embrionarias, los bancos de cordón umbilical. Incluso, el Estado ha definido un protocolo, con el fin de reconocer la aptitud de los padres biológicos para ejercer la patria potestad sobre sus retoños. Hay una madre, que parió a los 58 años, y el Estado asumió la patria potestad sobre el hijo, alegando la edad de la señora. Ella ha vuelto a parir, esta segunda vez gemelos, a los sesenta y cuatro años. Es de esperar que el Estado repita protocolo, por considerarse mejor madre, supongo. ¿O será un caso de maternidad subrogada?, ¡Pobre mujer!
En el otro extremo de la vida humana, el Estado admite, o no, la eutanasia activa, o prescribe los partes de guerra del equipo médico habitual, según su conveniencia. El individuo no es dueño de su cuerpo, ni puede disponer de su vida, aunque ésta sea ya un remedo de lo que fue, o fuente de tortura para sus allegados, si el Estado no lo consiente. Tiene un protocolo.
Entremedias, la educación, desde el preescolar a la universidad, está regulada absolutamente por el Estado, que prescribe el método y plan de estudios, idioma a utilizar, número de aprobados y suspensos que hay que administrar y hasta los disparates sobre la Historia con que han de comulgar los alumnos. Los padres pueden elegir entre colegio estatal o colegio concertado, universidad pública o universidad reconocida por el Estado, que no ofrecen diferencias de sustancia, sino accesorias e irrelevantes.
Sobre cuestiones económicas, no digamos. El Estado es omnisciente, lo sabe todo: si sacamos de nuestra cuenta 500 €, o los ingresamos; qué viajes hacemos y adónde; qué vehículo tenemos y desde cuándo; qué compramos y qué vendemos. Con esta información, Hacienda presiona, coacciona si llega el caso, o nos dice: no tienes escapatoria, paga y calla.
Y así, sucesivamente, hasta llegar a Manel Navarro.
A mi juicio, sobra tanto Estado paternalista, invasor y sabelotodo y falta ciudadanía, respeto a la persona humana, a su libertad y autonomía. ¡Aire!