En un auto del pasado día 15 y al que ha tenido acceso Efe, la juez titular Teresa Álvarez dice que de las diligencias policiales y de la documentación disponible se desprende que el negocio era competitivo y "progresaba favorablemente permitiendo, prácticamente cada año, la apertura de nuevas clínicas, dando completa satisfacción a los pacientes hasta que tuvo lugar el cierre". Por lo tanto, entiende que fue "la mala gestión en el último año" desarrollada por su administrador la que desembocó en el cierre y no un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes.
En este sentido, el auto establece que "no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado". Además, asegura que la documental y las cuentas bancarias intervenidas no han evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de ánimo de lucro. El auto constata la "pésima gestión del negocio" por parte del investigado, "sin control adecuado de su volumen de gastos e ingresos", sin que consten indicios suficientes de la concurrencia de los elementos del tipo penal investigado.
En suma, concluye la resolución: "las actuaciones practicadas sólo ponen de manifiesto un posible incumplimiento contractual de naturaleza civil carente de trascendencia penal, por lo que procede el mencionado archivo de la causa, sin perjuicio de la acciones que los denunciantes puedan ejercer ante la jurisdicción civil".
Por su parte, el Consejo General de Dentistas respeta la decisión del Juzgado pero defiende que ello no exime a Cristóbal López de las responsabilidades derivadas de su mala gestión. Los dentistas exigen que la justicia dé respuesta a los miles de afectados. Defienden que los hechos son "especialmente graves" pues han puesto en riesgo la salud de los pacientes. Pero también un perjuicio económico, "del que son víctimas tanto los pacientes, que tienen que seguir haciendo frente a su deuda con la financiera, como los propios profesionales que trabajaban en estos centros", escriben en un comunicado.
Previo a este dictamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero y la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación (ambos desde el ámbito de las respectivas competencias), realizaron las gestiones necesarias para reabrir escalonadamente las clínicas Funnydent. Esta decisión se tomó a fin de posibilitar que las personas afectadas por la situación generada por el cierre de estas clínicas dentales pudieran, si lo deseaban, continuar los tratamientos asistenciales que venían recibiendo con anterioridad al cierre de las mismas. Algunos de los afectados se organizaron en plataformas, como en el caso de Leganés o Fuenlabrada, y algunos avanzaron que iniciaban acciones legales contra los gestores de las clínicas. Durante el cierre de las clínicas, se derivaron casos de tratamiento a otros centros. En principio, el juzgado calculaba que podía haber cerca de 2.500 afectados y una presunta estafa de 8,8 millones de euros. En octubre se procedió a la apertura de los centros de Móstoles, Leganés, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares en Madrid y de Mataró en Barcelona, con el compromiso de terminar tratamientos que estaban pendientes.