Hay que destacar que ocho de cada diez mujeres que han sido asesinadas en este tiempo tenía una relación sentimental con su asesino. Tres de ellas habían presentado una denuncia y otras dos tenían órdenes de alejamiento.
Conocidos los datos, la polémica sigue servida: Las medidas adoptadas no sirvieron para garantizar la seguridad de todas ellas.
Al respecto, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona, lo tiene claro: "Todos los asesinatos son un fallo del sistema". Carmona dice que si hay denuncia previa, alguien "ha cometido un error" durante el procedimiento y si no hay denuncia, no se ha "sabido trasladar a la mujer y a la sociedad el riesgo que puede entrañar estar inmerso en el círculo de la violencia".
La presidenta apunta a la sociedad como solución: "Cualquier persona que tenga conocimiento, que vea, que oiga que una mujer está sufriendo violencia de género tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades". Recordó que solo denunciando se puede poner en marcha el mecanismo de protección de la víctima.
Igualmente, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, avisa del aumento de las denuncias cruzadas y explica los motivos: "La sociedad tiene interiorizado que la violencia de género es algo inevitable y van calando viejos discursos y falsos mitos, como que las mujeres son unas exageradas y los desprotegidos son los propios hombres. Los datos nos dicen que, cuando se baja la guardia y se conocen fallos del sistema, como en la protección de una víctima, la mujeres desconfían, no denuncian y todavía se duda más de su credibilidad".
La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, por su parte, opina que "no solamente necesitamos la intervención de la policía". Apuesta por más campañas publicitarias y de sensibilización. Y es que las mujeres deben saber identificar situaciones de riesgo: "Muchas mujeres que ni tan siquiera han puesto denuncia tienen que saber identificar que están en riesgo cuando hay determinados comportamientos de sus parejas o ex parejas; por ejemplo, en situaciones de separación o divorcio".
Para Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, existen dos problemas: el silencio de las víctimas que no denuncian, que son difíciles de proteger, y las que han denunciado pero ha habido errores en su protección, por lo que se les debe reparar el daño. De hecho, 16 de las 44 víctimas mortales contabilizadas en 2016 habían denunciado, pero no les protegió el sistema.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, cree esencial que todos los jueces reciban formación sobre violencia machista, porque así no se pone en evidencia la credibilidad de las víctimas, "pensando muchas veces que mienten". Precisamente, este jueves va a reclamar en la subcomisión parlamentaria para alcanzar un pacto de Estado contra el "terrorismo machista", que espera no sirva para "cargarse" la Ley Integral que se aprobó en 2004 y de la que "solo se ha desarrollado un 40 por ciento".
Por ello, va a proponer que "se lleve hasta sus últimas consecuencias" esta ley, dada la "vocación" de transformación que tiene esta normativa. "Si no cambias la sociedad hacia la igualdad indubitada entre hombre y mujer, no va a cambiar nada. Ni con esta ley ni con otras veinte", avisa.
Y no podemos olvidar que todos estos asesinatos han dejado a cinco menores huérfanos y ha costado, también, la vida a un bebé. Todos nos acordamos del padre que se arrojó con el bebé en brazos por una ventana para hacer daño a su madre.