Mercedes Alaya fue la juez que abrió este caso en 2011 y llegó a imponer fianzas civiles de más de 3.000 millones de euros, una cantidad solo superada por los 5.200 millones de euros del caso Malaya en Marbella.
Este jueves, la juez ha tomado la decisión de anular las fianzas después de que la Junta de Andalucía, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal. En un escrito entregado al Juzgado, la Junta manifestó "que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".
La sección primera de la Audiencia de Sevilla que preside Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía, será la encargada de celebrar el juicio contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos en la pieza política de los ERE. La sala se ha decidido en un sorteo celebrado esta mañana entre las tres secciones penales con opciones para celebrar el juicio, cuya fecha y sede aún se tienen que fijar. Además, Izquierdo ha comentado que "tenía la esperanza de que la suerte no cayera" en la sección primera y ha pedido "sosiego y tranquilidad" para poder celebrar el juicio.
El sorteo se hizo debido "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática" de la causa, según la propuesta que hizo el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, y que aprobó esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de Andalucía entre 2008 y 2014, ha explicado a los periodistas que el tribunal que celebre el juicio se decidirá en otro sorteo entre los cinco magistrados que componen la sala.
Esta pieza política es la primera de las que se han concluido en el caso de los ERE, que acumula más de doscientos imputados y por la que se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros, según el Juez Álvaro Martín.
La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda. Para Chaves, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicita ocho años de prisión para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito.
También hay procesados dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.