La financiación de los partidos es uno de los elementos que ha generado una mayor corrupción. Ha afectado a prácticamente todas las formaciones, más allá de su color, produciendo en la ciudadanía una lógica indignación. Las maneras irregulares en las que los partidos sanean sus cuentas supone una inasumible degradación del sistema democrático que hay que atajar con firmeza y sin contemplaciones. En este sentido, aunque a veces con demasiada lentitud, la Justicia viene actuando de forma correcta.
Acaba de producirse un salto cualitativo en el caso de la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), conocido como el caso del 3 %, una oscura trama de supuestas comisiones a cambio de favores en la adjudicación de obras públicas. Un empresario, hoy testigo protegido, en su declaración ante el juez y el fiscal que se ocupan del caso, ha señalado directamente a Artur Mas como implicado en la trama, confesando que se entrevistó con el expresidente de la Generalidad. Una entrevista en la que, según parece, este le recomendó que hablara con Germà Gordó, estrecho colaborador de Mas y exconsejero de Justicia de la Generalidad. El empresario ha recalcado que en ese encuentro con Mas estaba muy claro el asunto del que trataban.
Como era previsible, ante este giro del caso del 3 %, Artur Mas, actualmente líder del PDeCAA, no solo ha echado balones fuera sino que ha recurrido a la vieja cantinela, utilizada con profusión por el nacionalismo catalán -ya lo hizo Jordi Pujol en el igualmente escandaloso caso de Banca catalana-, de que todo es un complot, un ataque, a Cataluña, envolviéndose en la señera para no hacer frente a su presunta responsabilidad. Estamos seguros de que la Justicia hará caso omiso de semejante actitud y llegará hasta el fondo de la cuestión.