El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha alegado hoy en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por el 9N contra el diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia, Francesc Homs, que antes de la consulta "nadie dijo que podría ser un gran delito, como parece ahora".
La declaración de Mas se ha centrado en que la prohibición de la consulta alternativa que hizo el Constitucional, la que supuestamente desobedeció Homs (y él también, pues ha sido juzgado por ello ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) fue demasiado genérica como para poder cumplirla.
El Tribunal Supremo ha reanudado por la tarde, con la declaración de varios testigos de la defensa, el juicio a Francesc Homs. La acusación pide nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por haber celebrado una consulta el 9 de noviembre de 2014 que el alto tribunal había prohibido.
El testigo principal de la defensa ha sido Mas, quien ha declarado que "la providencia que suspendía aquella consulta alternativa" del 9N, la que supuestamente incumplieron él y Homs, "no era clara en cuanto a qué debíamos impedir o suspender -ha dicho-. Y eso tenía importancia, dado que era ya un proceso en manos de 42.000 voluntarios".
La declaración del expresident, que ha comparecido durante 22 minutos, ha tenido otro elemento clave. Ha recordado que tras una primera prohibición de la consulta por el TC, su gobierno puso en marcha otra cosa, un proceso participativo en manos de voluntarios muy diferente de la primera convocatoria.
Aun así, el 4 de noviembre, pocos días antes de la celebración de ese proceso alternativo, recibieron un correo electrónico y luego una providencia del TC. Su alcance no fue claro para el Govern ni tampoco para asesores como el que fuera vicepresidente del alto tribunal, Carles Viver.
Por eso presentaron un recurso ante el Supremo, "porque entendíamos que había un abuso de poder", y también una petición aclaratoria expresa ante el Constitucional, ha dicho.
"Y la única comunicación que recibimos, en un período que ocupó más de un mes desde que pusimos en marcha la consulta alternativa y hasta el día final, fue la providencia del TC. Nadie más nos requirió nada, nadie actuó. Ni fiscales, ni jueces de guardia, ni ningún tribunal, ni mucho menos el propio Constitucional", ha señalado.
Eso sí, ha recordado, la Generalitat comprobó que el Constitucional no había aceptado la petición del abogado del Estado de apercibirles de que podían estar cometiendo un delito de desobediencia.
Las tesis de Mas han sido refrendadas por el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver, quien ha declarado que se reunió con Homs el propio día 4 de noviembre, por la mañana, y le indicó que la prohibición emitida por el alto tribunal era demasiado genérica.
"Le dije que debía obedecer la providencia que suspendía, pero que, honestamente, no podía decirle cuáles eran las actividades que había que suspender. Porque era una providencia enormemente genérica, sobre todo teniendo en cuenta que era un proceso en manos de voluntarios", ha dicho Viver.
"Y por eso le aconsejé que pidiese una aclaración al TC, con lo que así demostraría la voluntad de cumplir, porque no sabíamos, y no sé ahora, si la Generalitat debía emplear a los mossos, o dejar de informar del proceso o desconvocarlo explícitamente... ¿Qué hacíamos con la web? ¿Con los contratos?", se ha preguntado.
Otros testigos de la defensa han remachado la misma tesis. Uno de ellos, Albert Lamarca, inicialmente propuesto como perito, ha levantado los recelos del tribunal cuando ha querido hacer una disertación sobre derecho constitucional.
"Pese a que la Sala le escucha con enorme atención, recuerde que no hemos aceptado el peritaje jurídico", le ha dicho el presidente, Manuel Marchena, tras reprenderle por intentar "dar una clase" al tribunal.
Mas ha llegado al Supremo acompañado de un grupo de personas, unos quince minutos antes de que comenzara su comparecencia. Dos hombres le aguardaban para gritar contra él lemas como "sedicioso" o "España nos roba y luego sois millonarios".
"Usted sabe que, como está imputado en otro procedimiento relacionado con estos hechos, ello le exime de responder a la preguntas que usted considere que puede perjudicar a su defensa", le ha recordado el presidente del tribunal, Manuel Marchena al comienzo.
Por su parte, excargos de la Generalitat de Cataluña que gestionaron servicios para la consulta independentista del 9N han testificado que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4.
El exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana ha recordado que el 24 de octubre de 2014 firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña para que cediera los nombres y apellidos así como los domicilios de los mayores de 16 años empadronados en ayuntamientos catalanes. Así, se cedieron a la empresa que se encargó del envío de las cartas. Cree que se habían remitido todas antes de que el TC suspendiera la consulta, pero dudó: "Pues a lo mejor yo estoy equivocado de fechas, han pasado muchos años ya, pero yo creo que el 4 de noviembre -fecha de la providencia del TC- ya estaba todo enviado".
El exdirector del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina ha declarado que se trató de una cesión temporal de la base de datos y que se comprobó que se destruyó el 21 de noviembre. Ha aclarado que esta cesión se ajustó a la legalidad y que pidió informes a los servicios jurídicos, los cuales le aseguraron que la cesión estaba amparada por la ley.
El exdirector general de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat Ignasi Genovés ha recordado que Homs ordenó una campaña de publicidad institucional del 9N de la que se encargó Media Planning y que el presupuesto era superior a 813.000 euros. Lo más importante es que conoció la providencia del Constitucional y no recibió encargo alguno para paralizar la campaña. Genovés ha comentado que no le extrañó que no le dieran instrucciones para parar la campaña, de hecho, ha apuntado, la consulta se celebró el día 9 "con toda normalidad".
El fiscal le ha respondido: "Si hubiera sido con normalidad no estaríamos aquí".
A erste respecto, una exdirectora general de la oficina de Barcelona de Media Plannig, Marta Coll, ha explicado que solo se podía paralizar la campaña por orden judicial, por Autocontrol o por petición del cliente. Ha dejado claro que eso no se produjo en este caso.
Igual,ente, la exresponsable de Publicidad Institucional del Departamento de Presidencia de la Generalitat Mónica Osacar ha dicho que la campaña de publicidad siguió tras la providencia del TC pues no recibió orden alguna para paralizarla: "Para mí era una campaña más pues teníamos otras muchas de los demás departamentos y no hablamos de cómo afectaba la providencia del TC; íbamos a mil por hora".
Igualmente, el exdirector jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo del Departamento de Presidencia de la Generalitat Carles Fabró ha explicado que por decisión de Francesc Homs gestionó el montaje en un pabellón de la Fira de Barcelona del centro internacional de prensa para informar de los resultados del 9N: "La providencia del TC la conocí por los medios de comunicación pero no hablé con Francesc Homs sobre ella y no me di cuenta de que suspendiera las actuaciones ni recibí indicaciones para parar las gestiones".
El director del Área de Negocio Externo de Fira de Barcelona, Pere Camprubí, ha recordado que el presupuesto para la cesión del pabellón fue de 97.000 euros, pero al final el coste se incrementó un diez por ciento.