Durante estas últimas semanas se han llenado diversas ciudades españolas de miles de manifestantes en reclamación de derechos sociales con el lema: “marchas por la dignidad”. Se reclaman mejores salarios, trabajo para todos, derecho a una vivienda, pensiones públicas dignas, una renta mínima para los que carecen de medios económicos, salud y educación gratis para todos, etc. Para pedir, que no quede. Y con toda razón, pues es hora de que los grupos de presión social exijan a los políticos que nos gobiernan y vegetan por los Parlamentos (europeo, estatal, autonómico) que no se queden aletargados en sus discusiones internas, sino que deben saber que toda la ciudadanía está esperando a que gobiernen con efectividad y lleven a buen término las políticas sociales que se aprueban en las Instituciones de Europa, de las que forma parte España.
Muchas de tales reivindicaciones se basan en lo que los promotores de esas manifestaciones multitudinarias exigen para que se cumplan los derechos sociales previstos en la Carta Social Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta Social Europea, que fue aprobada en 1961 y revisada con una ampliación de derechos en 1996, constituye el estandarte social del Consejo de Europa, que quiere dar ejemplo y luz a todos los Estados del mundo en cuestiones de previsión y justicia social. No obstante, todo ello puede llegar a constituir un simple sueño que conducirá al desengaño de muchos, al ver que todo lo prometido es simplemente pura fantasía sin que se convierta en realidad para los ciudadanos. Se trata de una Carta llena de principios sociales y promesas esperanzadoras, de una parte; pero, de otra, refrenada por las políticas económicas bajo las exigencias de austeridad presupuestaria y recorte de la deuda pública. Así pues, mientras los paganos ciudadanos sueñan en la consecución de tan preciado tesoro de los derechos sociales, enunciados en la referida Carta y demás Declaraciones Sociales Europeas, se quedan luego con un palmo de narices al ver que todas sus ilusiones se diluyen cual azucarillo. Del dicho al hecho queda un buen trecho. Una cosa son los derechos sobre el papel de la Carta Social Europea, y otra los derechos que efectivamente se tocan y se palpan en la vida real.
Ya sucedió todo eso con las maravillas que predicaban los partidos comunistas, pero que nunca llegaron a alcanzar, con el soñado régimen que anunciaban sobre la igualdad equitativa para todos con derechos sociales de vivienda, trabajo, salud y riqueza repartida a través de lo que se denominó la “dictadura del proletariado”, mediante la requisa de los bienes de producción por el Estado y la pretendida eliminación de las luchas de clases. Actualmente, una vez fracasados los intentos del comunismo marxista en los países donde se intentó montar tal sistema, han resurgido los deseos de alcanzar los pretendidos derechos sociales para todos en las democracias de los países occidentales. La Carta Social Europea se ha ido ampliando hasta alcanzar treinta y uno de los denominados derechos sociales para su implantación en los distintos Estados que han ratificado ese Tratado internacional. Sin embargo, los sistemas dirigidos por partidos políticos que simplemente basan sus promesas sociales en populismos sin una base real, se convierten más bien en falacias llenas de insensatez por sus presagios incongruentes, sabiendo de antemano que no se puede conseguir lo que se promete sin más. No es de recibo enardecer las masas insatisfechas, que simplemente se fían de aquellos que llevan la bandera de la progresía, haciendo ver que la magia es posible y que los derechos sociales que se reclaman van a alcanzarse de forma milagrosa como si fuera un juego de naipes.
Lo primero que debería hacerse es poner en un platillo de la balanza cada reclamación que se exige y en el otro platillo, el dinero presupuestado y los impuestos a pagar para conseguir que se haga realidad el derecho social concreto que se pretende. No podemos pedir peras al olmo. Se exigen pensiones dignas para todos los jubilados presentes y futuros; rentas mínimas para los que no tengan medios de vida; ayudas para los minusválidos; subvenciones para los desempleados; asistencia sanitaria gratuita y universal para todos; derecho a una vivienda digna; permisos de paternidad de larga duración, además de los de maternidad, a cargo del erario público; derecho de acogida y asilo para todos los refugiados; etc.; pero tales derechos, muchos de ellos recogidos en la Carta Social Europea y reconocidos de forma generosa para todos, pueden llegar a ser meros enunciados sin cumplir, si no hay los medios económicos suficientes para mantener tanta promesa para con los reclamantes al “papá Estado” de tales derechos sociales. Para empezar, tenemos que abrir los ojos a la realidad actual. Las pensiones ya no se aseguran de por vida a los jubilados y, en cualquier caso, no se ajustan ya sus cuantías a los aumentos anuales conforme a la misma proporción del IPC, desvalorizándose año tras año. Las ayudas a fondo perdido de las prestaciones sociales a las personas con minusvalía, que se habían prometido con la famosa Ley de dependencia, y las rentas mínimas sociales para los que carecen de medios económicos también han constituido un fracaso absoluto. Ya no digamos de otros derechos sociales, tales como el derecho a un trabajo y a una vivienda digna para todos. Pues, una cosa son las pretensiones de tales proclamaciones sobre el papel y otra la consecución real de tales derechos sociales para todo el mundo; pues está visto que sólo mediante milagros no se consigue convertir el agua en vino, aquí y ahora, en los Estados que han firmado la Carta Social Europea. De cualquier forma, no podemos quedarnos en el pesimismo de que nada es posible, pues puede mejorarse si se llevan a cabo unas políticas correctas, realistas y transparentes de lo público, en especial de la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Debe vigilarse sobre si realmente se dirigen bien los fondos públicos y la forma en que se gastan. Esa sí que es una cuestión a tener en cuenta de forma primordial, pues, si los presupuestos son limitados, deben ser controlados los que dirigen las políticas económicas y su reparto. No son suficientes los informes, a toro pasado, del Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc., después de ver el despilfarro que han cometido muchos de los dirigentes políticos. Nunca será demasiada la insistencia en ello. Por eso, no está de más que se lleven a cabo tales marchas en defensa de la dignidad ciudadana y las reclamaciones que hacen los Sindicatos ante los organismos de control en el Consejo de Europa y la Unión Europea sobre las políticas llevadas a cabo en España en relación con el incumplimiento de los derechos sociales; sin que tampoco queden libres de sus propias responsabilidades al efecto, pues también las asociaciones sindicales y empresariales van en el mismo barco y participan de muchas de las prebendas en el reparto presupuestario.
Ya han transcurrido bastantes años desde que, ocasionalmente, asistí a una reunión en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales donde se trataba de los fondos de la UE que se facilitaban a España para llevar a cabo acciones sociales y de formación profesional. En aquel foro anuncié que faltaba mucha vigilancia sobre el destino y la justificación de tales fondos y la manera cómo se empleaban. No consideraba que la denominada “formación profesional”, que se pagaba con aquellos fondos europeos, sirviera para mucho, tal como se llevaban a cabo la realización de los cursos de formación. Con el tiempo, resultó que salieron a la luz algunos fraudes en manos de integrantes de los propios sindicatos, empresas y de responsables políticos que, haciendo la vista gorda, llevaban a cabo de forma irresponsable la gestión de tales cursos programados; algunos totalmente innecesarios que no llevaban a ningún progreso social ni perfeccionaban la formación de los alumnos asistentes, normalmente gente ya mayor en el paro. Tales cursos impartidos con fondos europeos tenían una duración de quince o diez horas y se pretendía con ellos una mejora de la formación profesional. Lo que me recordó aquellos cursos engañabobos que antaño estuvieron de moda sobre cómo aprender inglés en diez días, o cómo llevar un plan de contabilidad en diez horas, o cómo invertir en Bolsa y hacerse millonario, etc. Una forma más de tirar el dinero público, pagado por todos con nuestros impuestos.
Tales pretensiones para la consecución de derechos sociales deben regirse por políticas realistas, con análisis de resultados y corrección de errores para no caer en la dilapidación de recursos públicos. La Carta Social Europea es una maravilla, no sólo para los europeos sino para todo el mundo que, a la vista de lo que aquí se cuece y se saca brillo, reluce en tal grado de magnificencia que resulta de interés general para todos los ciudadanos del mundo globalizado. Todos quieren entrar en Europa y alcanzar el contenido de la bendita y ansiada Carta, en especial de los derechos que se predican gratuitos con carácter universal. La cuestión será examinar hasta dónde se puede llegar para llenar el cazo, como derecho universal, para tantas bocas, por mucho bombo y platillo que suene en la calle. De cualquier forma, bienvenidas sean tales marchas por la dignidad, si al menos sirven para que se controlen con más efectividad los gastos públicos.