El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenaba ayer a Artur Mas a 2 años de inhabilitación por un delito de desobediencia. Le absuelve, en cambio, del de prevaricación, en una interpretación de los hechos tan respetable como en exceso garantista.
El tribunal reitera hasta en una docena de ocasiones la claridad de la resolución que desobedeció Artur Mas al sacar las urnas a la calle, cuestión ésta cuya evidencia está fuera de toda duda. Tampoco hacía falta que el Constitucional reiterase la prohibición de invadir competencias estatales por parte de un gobierno autonómico, dado que la ley es muy clara en este sentido. E igual de claras han sido las sucesivas resoluciones emitidas por el TC, sistemáticamente vulneradas por el nacionalismo catalán.
Mas ostenta ya el dudoso honor de ser el primer presidente de la Generalidad condenado por la comisión de un hecho delictivo. Pero tan grave como el delito en sí mismo lo es el hecho de jactarse de haberlo cometido, algo en lo que cuenta con el apoyo de la izquierda radical -tanto la CUP como Podemos-. En todo caso, y aunque sea una condena leve, al menos se empieza a ver que incurrir en determinados comportamientos acarrea consecuencias.