En el que era su último acto oficial como presidente saliente del Tribunal Constitucional -TC-, Francisco Pérez de los Cobos aprovechaba para incidir sobre una cuestión tan polémica como actual: el desafío secesionista. Y lo hacía cargado de razón, al afirmar ayer que “el Constitucional no puede solucionar el problema catalán”.
Nuestro ordenamiento jurídico concede una importancia capital al TC, hasta el punto de dedicarle un Título entero de la Constitución. Sin embargo, dicha importancia no ha podido evitar que se viera envuelto en diversas polémicas, fundamentalmente por servir de arma arrojadiza en la contienda política. Es más, uno de sus mayores desprestigios vino durante el último gobierno de Zapatero, con el escándalo de la sentencia del Estatut. Además, cuestiones técnicas -se abusa del mismo como “tribunal de súper casación”, cuando no satisface alguna resolución del Supremo, lo que origina una enorme carga de trabajo que se traduce en demoras cada vez más largas- hacen que el TC esté muy lejos del prestigio que merece.
Este es, entre otros, uno de los argumentos utilizados por el nacionalismo catalán para ignorar sus sentencias; algo, por lo demás, de todo punto inadmisible. Sin embargo, hay que insistir una vez más en las declaraciones del presidente saliente: el TC no puede resolver el problema catalán. Está para hacer de garante y último intérprete de la Carta Magna; lo cual, en sí mismo, es un baluarte importante. Pero además es imprescindible que concurran otros factores, como una acción política responsable y eficaz. Y eso, a día de hoy, es casi inexistente.