Los nacionalismos juegan con la ley y arrinconan al castellano

El Ejecutivo de Baleares, presidido por el socialista Francesc Antich, costeó el pasado mes de abril 3.600 euros para editar 30.000 folletos que instaban a los funcionarios y personal de las consejerías autonómicas a emplear exclusivamente el catalán en perjuicio de “la otra lengua oficial”, sin citar al castellano. La nombraba al matizar que si el ciudadano “lo expresa explícitamente”, y sólo en ese caso, habrá que dirigirse a él en nuestra lengua común.

El eslogan de “Catalán, tu herramienta de trabajo” que engloba la medida citada propone asimismo eliminar carteles indicativos bilingües y sustituirlos por otros en los que no figure el castellano. Legislar en pro del habla cooficial no es nada nuevo en comunidades con diversidad lingüística. No obstante, la conservación y fomento del patrimonio más cercano y propio choca con minusvalorar e, incluso, castigar tomarse la libertad de hacer uso de la lengua oficial del Estado. Una de las ideas del heterogéneo Gobierno de Baleares -formado por siete partidos, que oscilan entre la derecha conservadora y el nacionalismo de ERC- es multar con 1.501 euros y hasta con 15.000 euros a aquellos establecimientos que en cuyos carteles y documentos de oferta de servicios no figure el catalán.

Además, hace pocos días, y gracias al Ayuntamiento de Palma, conocíamos que la mejor forma de no hacer sentir diferentes a los inmigrantes y ayudarles en su integración es hablarles en catalán. A esto hay que sumar la iniciativa de la Concejalía de Cultura de este Consistorio que, con un presupuesto estimado en 240.000 euros, formará un equipo de dinamizadores que recorrerán barrios, comercios, bibliotecas, colegios, agrupaciones de inmigrantes o asociaciones de vecinos para concienciar sobre la importancia del uso del catalán en detrimento del castellano.

El "First" vasco
En el País Vasco, la actualidad lingüística pasa por la batalla de muchos padres contra la imposición del euskera en los centros educativos. En este caso, se hace bueno el "quien hizo la ley hizo la trampa". Ésta establece que el Gobierno es responsable de fijar el 55 por ciento de los contenidos educativos, mientras que el 45 por ciento restante es potestad de los gobiernos regionales. Los territorios con lengua propia -Galicia, Cataluña y País Vasco- pueden dedicar, además, si así lo desean, un 10 por ciento más del tiempo académico a la enseñanza de la lengua cooficial. En estas autonomías, los maestros impartirán las clases en el idioma comunitario y los padres que se trasladen a estas regiones a trabajar no tendrán derecho, salvo que consigan formar un grupo de 10 alumnos, a una enseñanza en español para sus hijos.

La ley sólo impone en todo el Estado tres horas de lengua castellana a la semana, y se ha llegado a dar el caso de que en Cataluña, ERC se jactase públicamente de lograr que el Gobierno de la Generalitat haya esquivado la tercera hora. El derecho a fijar contenidos autonómicos también permitirá a los gobiernos regionales utilizar la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía para reforzar contenidos de carácter nacionalista.

En Galicia, por ejemplo, donde tanto la Constitución como su Estatuto de Autonomía consagran la cooficialidad de ambas lenguas, español y gallego, ésta no se cumple. Según ha señalado a EL IMPARCIAL Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es defender el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en la que se educa a sus hijos, "no se puede imponer ninguna lengua a nadie que no la desee utilizar como medio principal de expresión”.

Sin embargo, la realidad que se vive en las aulas gallegas es muy distinta. "En las aulas gallegas se está cumpliendo el decreto que entró en vigor en septiembre de 2007 sobre implantación de la lengua gallega y, aunque en un principio se intentó transmitir a la opinión pública que se trataba de un decreto equilibrado, de respeto al bilingüismo, esto no es así. Las asignaturas no se reparten un 50 por ciento entre el castellano y el gallego", destaca Lago.

De vuelta al País Vasco, la Cámara de Vitoria, con la aprobación del tripartito en pleno –de marcado carácter nacionalista- se propone eliminar el castellano de las aulas y que sólo estén exentos de estudiar el euskera aquellos alumnos que permanezcan un único año en la red de enseñanza vasca.

El Gobierno vasco ha anunciado una reforma educativa que suprimirá los modelos en castellano y bilingüe y que exigirá que el alumnado alcance un nivel de euskera equivalente al "First Certificate" de inglés. De ahí que los centros se sientan "obligados" a realizar cuanto antes una inmersión e inversión en lengua vasca.

Esto contrasta con el sentir del pueblo vasco, según Carlos Martínez Gorriarán, miembro del Consejo de Dirección de UPyD, con quien ha hablado EL IMPARCIAL. Para Martínez Gorriarán, "puede servir de indicio que mientras el conocimiento del catalán y del euskera ha aumentado entre la población, el hecho contrastado es que en su vida privada la mayoría de la gente, y particularmente los jóvenes, prefieren emplear el castellano. Y muy acusadamente en el País Vasco, donde resulta que el 70 por ciento desconoce por completo el euskera".

En Cataluña, un ejemplo que ilustra el empuje nacionalista de la lengua cooficial es algo tan concreto como el cierre de una estación de radio. La Generalitat clausuró hace pocos días Radio Unión Cataluña, tras más de 20 años atendiendo los intereses de los extremeños en esta región, por emitir en castellano. El Gobierno del socialista José Montilla alega que la emisora no se atenía a "criterios de fomento del habla catalana".

"Racismo cultural"
En esta comunidad el problema ha calado también en la educación. El Ejecutivo catalán ha propuesto que todos los nuevos profesores, o los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, tengan el nivel C de catalán. El nivel C, como explica Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona –única institución que se ha desmarcado de la reforma-"implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Cataluña. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen".

Antonio Robles, diputado de Ciudadanos, denuncia que de igual forma que se avanza en el fomento del catalán se hace cada día más difícil conocer las dimensiones de esta escalada. Para Robles, "la mayoría social está muy desinformada porque tanto las instituciones políticas, como las culturales y periodísticas en manos de los nacionalistas, han logrado crear una realidad virtual. Y hay una realidad castellanohablante en los cinturones industriales de Barcelona y en la costa que prefiere callar a significarse. Aquí el díscolo es excluido socialmente. Y si no, que se lo pregunten a Albert Boadella". Precisamente Boadella, uno de los más críticos con la imposición de la lengua cooficial, es uno de los primeros firmantes del “Manifiesto por la Lengua Común” que un nutrido y destacado grupo de intelectuales, encabezados por Fernando Savater, presentaron el 23 de junio.

Savater, ese día, y Robles, en sus palabras para este periódico, coinciden en incidir en que "las lenguas no tienen derecho, lo tienen las personas" pese a que, recordó el filósofo, "en determinados territorios de nuestra geografía son las lenguas las que buscan al ciudadano y no al revés".

¿Qué dice el Gobierno?
La actitud de los escasos miembros del Ejecutivo de Zapatero que se han pronunciado ante este debate es no entrar en profundidad en el asunto y hacer declaraciones institucionales que, si bien no echan más leña al fuego, justifican en mayor medida la petición de los redactores del manifiesto de una respuesta política al problema lingüístico. El propio presidente de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, ha declarado esta semana que los "responsables" son los políticos, "que son quienes generan los conflictos con sus acciones u omisiones". En el seno del Partido Socialista, un histórico como Joaquín Leguina ha denunciado que "todo el mundo y parte del PSOE mira para otro lado, estamos en manos de unos señores que jamás han querido la Constitución", en referencia a las formaciones nacionalistas.

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ante el manifiesto y su respaldo por parte de, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte o Miguel Delibes –entre otros muchos intelectuales y catedráticos-, declara que "la Ley Orgánica de Educación (LOE) garantiza el aprendizaje del castellano en todo el territorio nacional, yo no tengo que apoyar nada". Lejos de dar un paso atrás, Cabrera afirma que "el sistema de enseñanza actual es el mejor de la Historia de España".

Por contra, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado que apoya "cualquier manifiesto que esté a favor de expandir, profundizar y avanzar en el conocimiento del castellano", aunque ha añadido que no cree que esté "en peligro".



UPyD y PP, por la defensa de la lengua común
Detrás de la iniciativa que ha visto la luz esta semana está la indudable sombra de Unión, Progreso y Democracia, partidario del equilibrio autonómico frente a la "asimetría" –término empleado por Fernando Savater- que nos define en la actualidad, al menos en el terreno lingüístico. En la presentación del manifiesto se encontraban precisamente tres militantes de esta formación: el escritor Álvaro Pombo, el propio Savater y el ya citado Carlos Martínez Gorriarán.

Según Martínez Gorriarán, "la única política lingüística aceptable y necesaria es la que garantice a todos los ciudadanos la libertad de elección de la lengua oficial que prefieran utilizar. Todo lo demás sobra". Cuando se le pregunta acerca de los abusos que conoce, el firmante y promotor del manifiesto se lamenta de "las multas a los comerciantes e industriales que no etiqueten en catalán, la imposibilidad de escolarizar en castellano en los centros públicos o concertados, el hecho de que los medios de comunicación públicos no emitan ni una hora en castellano o que los Mossos d´Esquadra o el servicio de salud se nieguen a expedir certificados en castellano".

En este sentido, adelanta que UPyD "va a presentar muy pronto una importante inciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para garantizar el empleo normal de la lengua común en las comunidades bilingües, y para erradicar y prohibir severamente la discriminación por motivos lingüísticos".

En la misma línea, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado que su formación presentará próximamente una proposición de ley orgánica "que desarrolle el derecho, recogido en la Constitución, a usar la lengua castellana en toda España".