Como ya sucediera la semana pasada con Artur Mas, el Tribunal Supremo condenaba ayer a 1 año de inhabilitación a Francesc Homs por desobediencia. Le absuelve, en cambio, del de prevaricación, en una interpretación de los hechos tan respetable como en exceso garantista.
El tribunal reitera, por unanimidad, la claridad de la resolución que desobedeció Homs –igual que Mas, Rigau y Ortega- al sacar las urnas a la calle, cuestión ésta cuya evidencia está fuera de toda duda. Tampoco hacía falta que el Constitucional reiterase la prohibición de invadir competencias estatales por parte de un gobierno autonómico, dado que la ley es muy clara en este sentido. E igual de claras han sido las sucesivas resoluciones emitidas por el TC, sistemáticamente vulneradas por el nacionalismo catalán.
Lejos de hacer la más mínima autocrítica, Homs ha vuelto a jactarse de su actitud, reiterando que volvería a hacer lo mismo y que piensa seguir acudiendo al Congreso -es diputado-. En el colmo del despropósito, anunciaba su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones el nacionalismo catalán incumple sistemáticamente. Queda, pues, patente, que la inhabilitación de Homs, Mas, Rigau y Ortega no es sólo una cuestión estrictamente jurídica, sino de sentido común. Y de primero de democracia: sin ley no hay democracia.