Se abren estas diligencias después de conocerse por los medios de comunicación que se estaría preparando ya la organización de este referéndum "en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional".
Un ejemplo que pone la Fiscalía de estos preparativos es la publicidad institucional insertada en el periódico La Vanguardia. Se podía leer: "Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior". El PSC entiende que incita a participar en el referéndum. La campaña institucional de la Generalidad catalana para promover la inscripción lleva el lema: "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?".
Junto a esta pregunta aparece una fotografía en la que se puede ver una tableta electrónica con el mapa catalán y la pregunta "¿Sí o no?". Por todo esto, la Fiscalía informa de que investiga por si se desprenden indicios de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por estos preparativos.
Esta apertura de diligencias se produce dos días después de que el Parlamento catalán aprobara el proyecto de presupuestos para 2017 con una disposición que prevé un referéndum soberanista pese a las advertencias jurídicas de los letrados de la cámara catalana. Estos alertaron de que la aprobación de esta disposición adicional supondría "ignorar" la advertencia del Tribunal Constitucional.
Además, el gobierno catalán sacó este jueves a concurso público la adquisición de papeletas y sobres ante la posible celebración de elecciones autonómicas en Cataluña en un periodo de cuatro años. Pero hay que destacar que esta licitación llega en plenos preparativos de la celebración este otoño, como tarde, de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Por otra parte, el portavoz del Gobierno ha advertido a la Generalidad de Cataluña de que sus presupuestos para este año deben ajustarse a la legalidad. Así, Íñigo Méndez de Vigo ha avanzado que si el texto definitivo no lo hace, lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado, paso previo para presentar un recurso de inconstitucionalidad cuando se publiquen los presupuestos, ha apuntado el ministro, que ha recordado que fueron aprobados el miércoles por el Parlamento de Cataluña pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias alertó hace varios días de que algunas previsiones del presupuesto podrían ser ilegales.
Igualmente, se ha conocido un informe de los letrados diciendo que determinadas enmiendas también lo eran. Al respecto, Méndez de Vigo ha hecho referencia a la aprobación de dos, una de la CUP y otra de Catalunya Sí Que Es Pot, en sentido contrario: la primera hablando de una consulta unilateral y la segunda, pactada.