Artur Mas ha tildado de “indignidad” el hecho de que el Gobierno haya recurrido los presupuestos catalanes. Tanto él como el resto de nacionalistas han seguido siempre la misma pauta, quejándose de la “judicialización del procés” y haciendo ostentación de un victimismo que aumenta cada día su histrionismo.
En su momento, Mariano Rajoy cometió el error de ponerse de perfil ante el órdago secesionista y dejarlo correr, con la esperanza de que ignorando el problema éste se fuera diluyendo. Es obvio que no ha sido así. Da la impresión de que el Ejecutivo dejaba en manos del Judicial la defensa de algo tan vital como es la integridad territorial y, en cierto modo, así ha sido. Ha faltado política con mayúsculas. Ahora, en cambio, se ha tomado conciencia de la dimensión real de la cuestión y, aunque tarde y no siempre con la contundencia debida, se está actuando.
Pero lo que el nacionalismo catalán no puede pedir es que la administración de justicia cese en sus funciones. Querellas, demandas y recursos únicamente se admiten a trámite si hay indicios racionales de comportamiento ilícito. Dicho de otra forma, si Artur Mas no hace nada ilegal, nada debe temer de la vía judicial. Si embargo, si persiste en su contumaz desacato a la legalidad vigente, deberá afrontar sus consecuencias.