Prisión eludible bajo fianza para dos directivos del Canal de Isabel II.
En el marco de la que se ha denominado operación Lezo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
Es decir, el magistrado investiga si se desviaron fondos del Canal, entidad pública presidida por González entre 2003 y 2012, para enriquecerse.
Además de Ignacio González, están detenidos su hermano Pablo, directivo de Mercasa, cuya sede ha sido registrada, y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica y cesado hace un año como presidente de Inassa, filial colombiana del Canal, que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos. Ha sido arrestada también María Fernanda Richmond, exdirectora financiera del Canal.
Del mismo modo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado varios registros: en la sede del Canal, en el domicilio de Ignacio González y en la sede de Subastas Segre, que está presidida por la mujer del expresidente madrileño Lourdes Cavero y que es investigada en la causa.
Por otra parte, los focos se han centrado también a lo largo del día en que el juez ha citado como testigos a cinco personas, entre ellos la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia y responsable del Canal, Ángel Garrido.
Hay que destacar que fueron precisamente ellos los que llevaron a la Fiscalía en julio de 2016 sus sospechas sobre estas presuntas prácticas fraudulentas en la gestión del Canal en la etapa anterior. La Fiscalía Anticorrupción ya investigaba los hechos desde octubre de 2015, pero fue en verano del año pasado cuando se judicializó el caso.
Después de la presentación de esa denuncia, el actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ordenó el cierre en Latinoamérica de empresas que tenían poca actividad o que no se correspondía con las relativas al ciclo integral del agua. Una de éstas fue la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, comprada en 2013.
Según una denuncia de PSOE, Podemos y Ciudadanos, Emissao se compró por 21,4 millones de euros y un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y otro año después tan solo de 5,3 millones. Hay que recordar también que el Gobierno de Cifuentes cesó a Edmundo Rodríguez Sobrino al aparecer su nombre en los "papeles de Panamá".
El juez se ha desplazado por la tarde a los despachos de Cifuentes y Garrido para tomarles declaración. Una vez allí, ha entregado a Cifuentes las preguntas relacionadas con la investigación del Canal de Isabel II para que ésta declare por escrito y, a continuación, se ha dirigido a la sede de la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para tomar declaración en persona a Ángel Garrido, que ha estado dando explicaciones cerca de una hora.
En el marco de la investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando la sede central de las oficinas de OHL, Indra, Saerco y Price Waterhouse Cooper para esclarecer detalles sobre la presunta financiación ilegal del PP en Madrid.