Cristina Cifuentes y el presidente del ente público Canal de Isabel II, Ángel Garrido, declararán este mismo miércoles como testigos desde sus respectivos despachos de trabajo en las investigaciones sobre la empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua.
Son dos de los cinco testigos llamados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la llamada operación Lezo. Desde el Ejecutivo madrileño han explicado que el cargo de Cifuentes como consejera en el ente del Canal corresponde a su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, ya que todos los delegados forman parte del mismo.
Las mismas fuentes han indicado que mientras que el ente público Canal de Isabel II tiene funciones ejecutivas, las decisiones del "día a día" se toman en la empresa pública Canal de Isabel II Gestión, S.A.
En concreto, sobre la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, que investiga el juez Velasco, han señalado que corrió a cargo de Inassa, filial colombiana de Canal Extensia, una empresa del Canal que gestiona contratos de agua en varios países sudamericanos: "La compra de Emissao nunca pasó por los consejos de administración del Canal (...) la presidenta no lo vio".
Desde el Gobierno regional han insistido en que fue el propio Ejecutivo madrileño presidido por Cifuentes el que llevó ante la Fiscalía la información sobre la compra de Emissao, llevada a cabo en noviembre de 2013, tras detectar que la operación "no está clara".