Que las elecciones del próximo 5 de mayo por la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol iban a contener algo de tufo de cloaca formaba parte de los pronósticos. El control (de beneficio mutuo) que ha establecido Ángel María Villar en las federaciones territoriales desde 1988 se está erosionando, y esa circunstancia ha provocado que los comicios parezcan más ajustados que nunca, ahora que se cumplen casi 30 años de su mandato. Y Javier Tebas, presidente de la LaLiga con ambición revolucionaria y que se ha erigido en el enemigo más explícito de Villar, ha sido el encargado de vociferar la bomba esperada.
"Han aparecido cajas de voto por correo que han llegado fuera de plazo con unas mil papeletas. En principio no se iban a mezclar con el resto, pero al final se ha decidido que sí. Han llegado sobres cuya procedencia se desconoce y que no se sabe de qué personas son. El proceso electoral está claramente contaminado y se han producido trampas", proclamó este viernes el dirigente del campeonato liguero, al tiempo que se realizaba el recuento para la composición de la Asamblea General (en el que, a falta de datos oficiales, se ha filtrado el arrase de Villar). "El proceso electoral no ha sido limpio. Al haber existido el voto trampa se puede hablar claramente de pucherazo, no hay transparencia, no hay democracia. Si hubiera transparencia, el voto del cambio habría arrasado", sentenció.
Tebas, de estridente manejo de los mensajes, expuso que el ente que lidera iba a denunciar la situación ante el Consejo Superior de Deportes para que se suspendieran las elecciones toda vez que se hubiera realizado el recuento de votos por correo. También se refirió el ambicioso reformador del fútbol nacional a la denuncia de una circunstancia que le resulta flagrante: que Villar sea el presidente de la Comisión Gestora y candidato al mismo tiempo. "Lo hemos denunciado. No puede ser, está prohibido. Esta mañana se constituyó una mesa electoral para contar el voto por correo, donde estarían dos clubes y una jugadora. Pues los clubes no se han presentado y se ha designado a empleados de la RFEF. Es vergonzoso", recalcó.
Y, en definitiva, vino a exponer públicamente un hecho que había sido detectado por la candidatura del gran oponente de Ángel María, Jorge Pérez. El aspirante a la presidencia de la RFEF anunció este mismo viernes que recurriría al TAD para solicitar la anulación del voto por correo (y la medida cautelar que suspendiera el escrutinio debido a las sospechas de tongo). Su reclamación, posterior a la negativa de la Comisión Electoral de la federación efectuada el 25 de abril, vuelve a tratar de abortar un proceso en el que a su equipo de trabajo le constan "las irregularidades detectadas en el envío y emisión del voto por correo, que tiene por objeto garantizar la igualdad en el derecho al sufragio".
"Constando la existencia de 10.000 solicitudes de voto no presencial que se integran en el correspondiente censo especial, no consta que a través del servicio de mensajería o a través de cualquier otro medio del que quede constancia, se haya remitido a la totalidad de los electores la documentación necesaria para que puedan ejercer su derecho", declaman los textos de denuncia. A este argumentario se ha sumado otra reclamación, en este caso efectuada por Óscar Garvín, presidente de ProLiga (comisión de los clubes de Tercera y Segunda B), que trataba, con similar contenido, de hacer ver a los estamentos pertinentes lo que consideran un fraude electoral.
Una de las sospechas principales es la relativa a que no consta el envío personal a cada elector inscrito en el censo de la documentación. "Consta la remisión a través de asociaciones interpuestas para que procedan a su distribución y la entrega en momentos que no garantizan la integridad de la documentación remitida, ni siquiera el tiempo mínimo para que puedan votar determinados electores". Además, al no haber convenio con Correos, "no se va a exigir la acreditación de identidad alguna y tampoco se va a hacer constar por parte de Correos si se ha acreditado o no la identidad del elector, no existiendo obligación alguna para el personal de éste de realizar tales funciones", afirman. Es por ello que ambos exigen al TAD que asuma la asunción de "las medidas que sean precisas para garantizar la integridad de toda la documentación electoral correspondiente al voto por correo".