Cuando los casos de corrupción afectan a personas cercanas, incluso en afecto, se produce una sensación muy desasosegante. Un amargor que lleva a la paralización y a agachar la cabeza, no sea que alguna de las balas que silban por encima acabe pegándote. Ahora y a poder ser de manera sosegada, se imponen algunas reflexiones.
El derecho penal, en el exceso legislativo que sufrimos, ya no se reduce al texto de su propio código sino que hay, literalmente, incontables normas penales que cumplir. Las conductas humanas pueden ser tipificadas como “delictivas” ante indicios tales como pertenecer a un consejo de administración, ser amigo de un imputado o incluso “tener intención” de cometer un delito (que en el caso del delito fiscal y con la carga que soportamos, nos puede llevar a todos los españoles delante de su señoría si nos dejamos llevar por algunas ensoñaciones matutinas). Primer problema, las fronteras entre el derecho mercantil y administrativo y este están completamente borradas.
El segundo problema es la imputación. Un invento del ministro Belloch pero tolerado por todos los que nos han gobernado desde entonces y una aberración jurídica porque se equipara con el antiguo procesamiento de nuestro derecho penal. El procesamiento era una cosa muy seria y que, incluso antes del juicio, ya acarreaba consecuencias personales y un enorme reproche social. Pasamos del antiguo “es un procesado” a “mengano está imputado” pero sin ninguna de las garantías que había entonces. En un país tan poco dado a la reflexión como el nuestro, se debería estudiar cuántas imputaciones acaban en juicio y en condena. Estoy seguro de que la cifra es un fracaso sin paliativos y por ello debería corregirse inmediatamente.
Tercer problema: la acusación particular y la falta de independencia judicial. Somos el único país de nuestro entorno que mantiene la primera y no garantiza siquiera formalmente la segunda. No revisaré los casos de chantaje, coacciones y demás que se han realizado con la acusación particular. Hay que acabar con este bochorno pero asegurando la absoluta independencia judicial. Urge una nueva ley del Poder Judicial y ¡Por favor! que no se la inventen… Simplemente que copien alguna que funcione en Europa y que inviertan dinero, el que haga falta, para acabar con las dilaciones. Ahora mismo (y aunque me asesinen en mi casa) es mucho más importante tener un buen poder judicial que un AVE a Galicia. Ya vale de originalidades carpetovetónicas.
Por supuesto, hay que recuperar las costas. Un pleito es un servicio público individualizado que hay que pagar al menos en parte. Esto de no pagar es inaudito y es la fuente del ansia de litigar absurdamente grande que sufrimos en España, la más alta de la UE. Creo que los mismos que piden que sea gratis la justicia, deberían de solicitar la gratuidad del transporte público, teatro, toros y demás servicios para los que se paga tasa o precio público.
Se dice que la corrupción política arranca “a lo bestia” con el referéndum de la OTAN y el esfuerzo publicitario, fuera de los canales normales, que tuvo que hacer el PSOE para ganarlo. A partir de entonces, se generó la marabunta que repuntó en Roldán y los Gal y que debe de tener su cola en los ERE de Andalucía. Creo que, en Cataluña, los del 3% han robado durante toda la vida (la democrática, al menos). Corrupción que en el caso de CIU la llevó a su desaparición, cosa que le puede pasar al PP con algunas multas e indemnizaciones millonarias que se le piden en los múltiples procesos por corrupción que tiene abiertos.
En el PP, ante el tsunami actual, lo que hay que preguntarse es si se están tomando medidas para evitar la corrupción en el futuro. Creo que no, más allá de declaraciones más o menos contundentes. No existe un órgano interno de investigación y tampoco se fomenta el “juego limpio”en la vida diaria. No hay más que ver el espectáculo que se está dando con las primarias. Cuando se impone una cultura de la trampa, puede pasar cualquier cosa en el ejercicio del cargo público.
Además, el PP no puede perder sus señas de identidad. El Canal de Isabel II debería haberse privatizado. Es una empresa con una tecnología y experiencia de primer nivel y que podría exportarse a muchos lugares del mundo. Bravo Murillo, cuando fundó el Canal, no buscó el agua en la ciudad -puesto que Madrid carecía de la pluviometría adecuada- sino que entonces, y hablamos del Siglo XIX, se fue a buscar el agua a la Sierra. Esta idea genial es hoy un referente para muchos países del mundo que sufren escasez. Un Canal en el IBEX –estaría en el índice 35, sin duda- habría sido una fuente formidable de empleo y habría evitado la corrupción, pues los estándares privados de compliance y auditoría lo habrían impedido. Casi todos los casos de corrupción que vivimos proceden de empresas del ámbito público, como las cajas de ahorro y otras.
Para acabar, recomendaría la esencial obra “Los Enemigos del Comercio” de Antonio Escohotado. Su estudio de las bases éticas en los negocios es muy profundo e importante para entender cómo estas han afectado a la historia cotidiana de las personas. Escribe Escohotado:
“El estafador y el moroso, a despecho de algún éxito transitorio, no tienen en la esfera de los negocios otro futuro probable que el de arruinarse.”
Probidad y buenos negocios van casi siempre unidos pero en lo público, me temo que demasiadas veces, no lo están pues los intereses, lógicamente, son otros...