Ante la tosquedad, trapacería y despropósito del documento que parece coincidir con el anteproyecto de la Ley de Transitoriedad que estarían preparando los mentores jurídicos del gobierno de la Generalitat tenemos que volver a preguntarnos cómo es posible que se ignore que el tal documento vulnera absolutamente nuestro orden constitucional y por ello merece un juicio duramente descalificatorio. ¿Cómo se puede actuar pasando por alto que un texto tan manifiestamente anticonstitucional es indefendible en un verdadero Estado de derecho que necesariamente debe exigir respeto a su Norma Fundamental? Naturalmente la primera exigencia del Estado de derecho es la observancia de la Constitución, que es la cabeza del ordenamiento. La supremacía constitucional se deriva de la propia idea de Constitución que no es simple palabrería ni un programa ni una regla de ética política sino la primera norma del sistema jurídico, esto es la manifestación inmediata y obvia de nuestra forma política. Por si hubiera alguna duda al respecto la propia Constitución española declara su voluntad de obligar, junto con las demás leyes, a los ciudadanos y a los poderes públicos. Como corresponde a un orden jurídico positivo que es el español la observancia de la Constitución, confiriendo claridad a sus exigencias y resolviendo las dudas sobre su significado, corre a cargo de una instancia jurisdiccional, en tal caso el Tribunal Constitucional, del mismo modo que son los tribunales ordinarios los que resuelven las disputas sobre los derechos o pretensiones de los ciudadanos entre sí o con la Administración establecidos por las leyes.
Pretender que la Ley de Transitoriedad pueda tener validez cuando conculca frontalmente la Constitución, -pues obviamente la decisión sobre la vigencia de la Constitución nacional produciendo su derogación territorial como aspiración reconocida de dicha ley, no está en manos de un Parlamento autonómico -debe de encontrar un asidero mental diferente al de la mera ignorancia. Ni siquiera será suficiente el atribuir, como yo hacía en una columna no muy lejana recordando a Orwell, tal sinrazón a la obnubilación en que a veces incurren algunas versiones del nacionalismo, ya afecten a los nacionalistas de Estado, si son hiperbólicos y fantasiosos, que también los hay, o como sucede en este caso a los nacionalistas independentistas catalanes. La explicación es sencillamente la que encontraba el President Puigdemont que discutía el parámetro constitucional español, subrayando sus deficiencias, comparándolo con, atención, el de Turquía. Sonroja la deslealtad de una persona que es, precisamente, el más alto representante del Estado, y que se pronuncia de tal modo ante un auditorio, en este caso el de una prestigiosa Universidad americana, que, como nos ha pasado al resto de los españoles, no daría crédito a lo que estaba oyendo. Efectivamente según el señor Puigdemont la baja calidad de la democracia española no puede servir de límite a la pretensión genuinamente democrática de un referéndum de autodeterminación que es en lo que el President y sus juristas apodíctica e irreflexivamente establecen la marca de la verdadera participación política y la exigencia esencial de un orden constitucional.
La denuncia democrática del Estado español no es la primera vez que se hace desde el nacionalismo. Desgraciadamente viene de lejos, tiene incluso algún desafortunado precedente en el propio catalanismo y denota la asunción de una superioridad espiritual que no deja de tener un desagradable tono racista. En Prat de la Riba por ejemplo la denuncia de los vicios del parlamentarismo de la Restauración y el caciquismo rampante (por cierto, vigente también en Cataluña) no dejaban de vincularse a cierta incapacidad de los españoles para vivir en un sistema político democrático que sobrepasaba sus calidades intelectuales y morales, insinuando que el genio nacional espiritual catalán, es superior a Castilla, y no puede aceptar una cobertura política con la que puede contentarse el resto de España.(Perdónenme: utilizo las expresiones del propio Prat, pero entiendo perfectamente la protesta de Juan Ramón cuando se incluía sin mayor explicación a Andalucía en Castilla). En el caso de Puigdemont la insinuación se ha convertido en seguridad, aunque su afirmación produzca, como decía antes, estupefacción.
Puigdemont en un descuido se ha sincerado y ha expuesto con toda crudeza sus raíces ideológicas profundas, pero la denuncia del Estado como vehículo fundamental de la solidaridad, como instrumento con el que afirmar la igualdad entre los ciudadanos y garantizar la eficiencia común de los servicios públicos esenciales, es compartida en este tiempo malo en que vivimos por muchos nacionalistas, cuyo carácter reaccionario y egoísta, y cuya pobreza mental hay que denunciar sin ambages. No es el único nacionalismo que hay, como se sabe, pero es el más tosco y desafortunado que puede elegirse.