Condenada la cúpula de la policía secreta de Pinochet

Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), también sumó ayer otra condena a 20 años por asociación ilícita para llevar a cabo el atentado, con lo que ya acumula 289 años de prisión (en Chile, la pena perpetua conlleva 40 años de presidio efectivo) por 25 procesos diferentes. Cincuenta y siete años han sido ratificados por la Corte Suprema, mientras que los demás aún están pendientes en la Corte de Apelaciones.

Prats fue el comandante en jefe del ejército chileno hasta un mes antes de que Pinochet tomara el poder, en septiembre de 1973. Contrario a los intentos golpistas, Prats también se desempeñó como ministro de Salvador Allende y se exilió en Buenos Aires tras el derrocamiento del presidente socialista.

Por el caso de su asesinato, a cargo del juez Alejandro Solís, también fueron condenados ayer seis oficiales y un suboficial en retiro: el general Raúl Iturriaga Neumann (31 años de castigo); su hermano, el agente civil Jorge Iturriaga (11 años); el brigadier Pedro Espinoza (60 años); el brigadier José Zara (21 años); los oficiales Juan Morales (21 años) y Christoph Willeke (21 años), y el suboficial Reginaldo Valdés (2 años).

Las penas dictadas por Solís se extendieron también a la escritora Mariana Calleja (21 años), esposa del ex agente norteamericano de la DINA Michael Townley, culpable confeso de haber detonado el explosivo en el auto de Prats. Townley, también responsable del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en 1976, vive hoy en Estados Unidos, acogido al programa de protección a testigos.

El proceso, llevado inicialmente en los años 70 en la Argentina por el juez Alfredo Nocetti, tomó fuerza años más tarde, durante el juicio en Estados Unidos a Townley por el asesinato de Letelier, cuando el ex agente de la DINA confesó su actuación en el crimen de Prats.

La jueza María Servini de Cubría retomó la investigación y consiguió el nexo que necesitaba de boca de dos neofascistas italianos que involucraron a Townley y al también agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, que vivía en la Argentina y fue condenado a cadena perpetua por el asesinato. Servini también solicitó la extradición a Chile del general Contreras y una indagatoria a Pinochet, pero éstas le fueron denegadas por la Corte chilena, que abrió un juicio en Santiago en 2002 contra los responsables del crimen.

Las condenas aún deben ser ratificadas por la Corte de Apelaciones.