La luz sube un 16,6 por ciento de media para los hogares

Miguel Sebastián, titular del ministerio de Industria, ha sido el que más ha insistido en la necesidad de que la subida de la tarifa de la luz sea moderada que, al final, según los datos del Gobierno, es del 5,6 por ciento. Sebastián insistió, en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros que aprobó la medida, en que los aumentos serían “progresivos”, es decir, que los aumentos serían mayores para los consumos más abultados.

Pero el diario ABC ha leído la orden ministerial con las nuevas tarifas, que se aplican desde este martes, y los resultados no se parecen a lo prometido por Miguel Sebastián. De hecho, según las cuentas del diario madrileño, las nuevas tarifas contemplan “un incremento medio para los consumidores domésticos del 16,6 por ciento”.

Esta discrepancia en los datos no ha sido resuelta por el Ministerio, que ha preferido no responder al diario: “Este periódico intentó ayer (por el lunes) sin éxito obtener de ese Departamento los argumentos que le llevan a ese 5,6 por ciento”. El silencio de Industria también se produce sobre otra de las aparentes inconsecuencias entre las palabras de Miguel Sebastián y la orden ministerial. Se refiere a la progresividad en la tarifa, que llevaría al consumo de los 12,5kW a la gratuidad y a los que vayan más allá de 500 a un recargo del 25 por ciento, y que no aparece en el texto.

Otro de los asuntos prometidos por el Gobierno, al que más bombo le ha dado, es la introducción de una “tarifa social”. Pero por un lado esa tarifa sólo podría llegar, como máximo a 3,6 millones de españoles, no a cuatro y medio millones como había dicho Sebastián. Y, por otro, para poder beneficiarse de la “tarifa social” hay que pasar por un complicado proceso administrativo.

Quien tenga instalada una potencia inferior a 3kW, para beneficiarse de la tarifa, tendrá que contar con un interruptor de control de potencia, algo que generalmente no se tiene en una casa. Por ello, hay que solicitarlo a la compañía eléctrica. Después hay que pedir y rellenar una solicitud y enviarla a la empresa con un certificado de empadronamiento más una declaración de veracidad de los datos aportados. Luego, la CNE estudiará cada documentación y hará un seguimiento.