Opinión

Crisis del sistema político mexicano

WELTPOLITIK

Carlos Ramírez | Miércoles 31 de mayo de 2017

Como en casi todos los países democráticos --reales, funcionales o con reglas--, los sistemas políticos están reventando. Y las explicaciones politológicas suelen ser funcionales a los propios sistemas, aunque con el ánimo de dejar abierta la puerta de la reforma. Eso sí, las reformas son más bien mecanismos de despresurización de tensiones que de reorganización de las instituciones encargadas de administrar --diría David Easton-- las interacciones sociales y de regular la relación demandas-políticas públicas.

Sin embargo, hay de crisis a crisis. Las crisis de los sistemas tienen muchas explicaciones, pero parece que hay una tendencia a eludir la parte más importante de las rupturas de la estabilidad sistémica: la ingobernabilidad. De acuerdo con Huntington, la ingobernabilidad estalla como crisis --mayor o menor violencia-- cuando las reformas institucionales tienen menos velocidad y profundidad que las demandas de cambios exigidas por la sociedad y cuando las instituciones son incapaces de procesar las relaciones sociales fuera de los cauces formales.

El sistema político mexicano gira en torno a tres engranes fundamentales: el poder absoluto del presidente de la república, el papel dinamizador del Partido Revolucionario Institucional y el Estado de bienestar.

El primero viene desde las monarquías indígenas --quizá Aztlán en 1111--, se reforzó con el modelo de poder centralizado en el cargo de virrey --el representante del rey y el rey en el modelo de Robert Filmer de poder derivado de Dios--, se consolidó con la decisión de Benito Juárez de tener facultades extraordinarias entregadas por el parlamento en las guerras civiles e intervencionistas de mediados del siglo XIX, fue legitimado por Porfirio Díaz a lo largo de más de treinta años de absolutismo presidencial y consolidado en un proceso de progresión acumulativa por el PRI como partido nacido desde el Estado. Hoy el poder presidencial es el problema por las facultades constitucionales de poder absoluto con un parlamento sin mayoría absoluta y fragmentado en cuando menos cuatro facciones dominantes.

El PRI nació desde el Estado y fue configurado por Lázaro Cárdenas como un partido con cuatro pilares corporativos que dominaron la vida nacional, aún en sectores no priístas: el sector obrero, el sector campesino, el sector popular y el sector militar. El gobierno decidía a través de estas corporaciones y, con militancia real o no, estas corporaciones representaban a todos los sectores. El PAN tuvo votaciones de 25% hasta que en el 2000 ganó la presidencia con el 45%, el Partido Comunista-PRD tuvo promedios menores a 10% y se ha quedado en el 30%. Y el PRI llegó a ganar la presidencia con el 100% de los votos pero el PRI ganó como partido apenas el 28% de los votos en el 2012 y subió a 39% con partidos aliados. En el 2017 la base electoral del PRI es de 25%. Ello quiere decir que el PRI ya no representa a la sociedad mexicana.

El Estado de bienestar fue la base fundamental de legitimidad social del PRI y del presidencialismo: México tuvo un promedio anual de producto interno bruto de 6% de 1940 a 1982, con tasas promedio anual de inflación de 2% hasta 1970. Educación, salud, empleo, seguridad y alimentación fueron objetivo central de los gobiernos priístas, a través de políticas económicas de bienestar social con estabilidad macroeconómica. De 1970 a 1982 el bienestar social --por el rezago acumulado de marginación y pobreza y por la presión demográfica de 3% anual-- provocó inflación, ésta disparó las devaluaciones y la respuesta oficial del periodo de gobiernos tecnócratas y neoliberales --el mercado como eje económico, y ya no el bienestar social-- fue estabilizar la inflación por el lado de la baja salarial, la disminución del gasto público social y el final histórico de las políticas sociales. De 1983 al 2018, la tasa promedio anual del PIB mexicano será de 2.2%.

Sin el liderazgo presidencial, con un PRI de apenas un cuarto de base electoral y con una crisis de bienestar social que decidió votar sin restricciones, el PRI perdió la presidencia en el 2000 y en el 2006. La recuperó en el 2012 con la promesa de gobernar mejor que el PAN y el arrepentimiento de sus vicios de corrupción, pero el sexenio de Peña Nieto es de deterioro social, aumento escandaloso de la corrupción y fortalecimiento de la oposición.

El gran desafío mexicano no radica en optar en el 2018 por una nueva alternancia hacia el PAN o hacia la propuesta populista de López Obrador, debido a que la alternancia del 2000 no significó un cambio de modelo de desarrollo ni de sistema político, sino que el PAN gobernó dos periodos sexenales con el mismo sistema priísta. El gran reto de México representa en la transición del sistema político priísta a un sistema político con nuevo modelo de desarrollo, más hegemonía parlamentaria y nuevo pacto constitucional.

Y en este escenario se ve que México carece de alternativa: el PAN nació para abanderar al sector más conservador de la Revolución Mexicana, el PRD surgió de las cenizas del Partido Comunista Mexicano --entonces de corte marxista y no leninista-- pero para construirse sobre las bases del modelo populista de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Morena de López Obrador ha ido incorporando a sus filas a ex priístas para definir una propuesta… priísta-cardenista-asistencialista.

Ahí se localiza la verdadera crisis del sistema político mexicano: relevos en las élites sin ofertar una reconstrucción del sistema. El PAN sólo administró la presidencia, el PRD y Morena quieren restaurar el viejo PRI populista de 1934-1982 y el PRI en manos de los tecnócratas neoliberales quieren mantener el modelo económico de mercado que no puede crecer el PIB más de 2.2% y que ahí se encuentra la base del saldo social mexicano: 80% de mexicanos en condiciones de deterioro y sólo el 20% con bienestar satisfactorio.

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