El Gobierno de Mariano Rajoy ha logrado que el Congreso de los Diputados apruebe sus presupuestos para este año. Para lograrlo, el Gobierno y el Grupo Popular han tenido que ganar el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria, un empeño contradictorio. Por un lado ha tenido que ceder, y esto es una constante en la política española, ante los grupos nacionalistas. Por otro ha necesitado que se sume al acuerdo Ciudadanos, cuya razón de ser es, en gran parte, que ello no ocurra. Por descontado que es Ciudadanos quien menos sale ganando de este acuerdo, pues el voto no le ha servido más que para mostrar su ineficacia política.
Pero también se puede entender de otro modo. Porque es cierto que Ciudadanos entiende que la alternativa es la celebración de elecciones, y eso puede ser muy lesivo para los intereses de España, entre otros motivos porque podría restar eficacia al Ejecutivo en el momento en el que la respuesta a la amenaza del secesionismo catalán es más acuciante.
Por que lo cierto es que, como ha dicho el propio presidente Mariano Rajoy, estos presupuestos le otorgan “estabilidad” al Gobierno, pues estos presupuestos, por así decirlo, valen por dos: Se pueden prorrogar el año que viene, con lo que podría haber elecciones en 2019, con un mercado laboral en mejores condiciones, y con más razones puramente económicas para que el PP se presente ante los electores. Es todo un éxito político, en un momento en el que su partido está en entredicho por los numerosos casos de corrupción y un partido de la oposición ha planteado una moción de censura. La moción, bien es verdad, nunca tuvo posibilidades de derrocar al Gobierno, y ha de entenderse dentro de la lucha por la primacía de la izquierda y el afán de fabricar imágenes de televisión.
La aprobación de la principal ley económica del año ha sido a costa de la equidad, como siempre que en el trámite se interponen las exigencias de los partidos nacionalistas, consustancialmente insolidarios con el resto de los españoles, porque sólo conciben la política desde el punto de vista de los territorios, que no de los ciudadanos. Es la vieja política porque la política siempre es vieja, incluso cuando dice de sí misma no serlo. Y el interés general es ese principio del que todos hablan y que sólo sirve para ocultar la realidad del juego político, que es el reparto de los bienes puestos en común.