La Fiscalía Superior de Cataluña lleva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont. Para ello, ha ampliado la querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la licitación de la compra de urnas.
Considera que es "indudable" que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal, a pesar de que el anuncio de Puigdemont no ha "venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable".
La Fiscalía presentó el 16 de mayo una querella al entender que el anuncio de licitación para la compra de urnas suponía una "puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista". Y ha sido antes de que el TSJC se haya pronunciado sobre si admite a trámite la querella, el ministerio público ha ampliado la denuncia con el anuncio de Puigdemont de que el 1 de octubre se celebrará un referéndum en Cataluña con la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?".
Pide al TSJC en el escrito que tenga en cuenta los hechos ocurridos en los últimos días y le urge a adoptar una "pronta resolución a la vista del curso de los acontecimientos".
La Fiscalía entiende que desde que se interpuso la querella "se han sucedido determinados acontecimientos" que refuerzan su tesis de que "la iniciación de los trámites para la adquisición de las urnas por parte de la Consellería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda no tiene otra finalidad que utilizarlas en la realización del aludido referéndum para la secesión".
Y destaca: "Así, debe resaltarse el anuncio hecho público el pasado viernes día 9 por el presidente de la Generalitat de su firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al gobierno que preside y del que forma parte la querellada Meritxell Borràs, de llevar a cabo el aludido referéndum (...). Más allá de que dicho anuncio no haya venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable, es indudable que resulta un dato de enorme trascendencia en orden a ponderar el empleo ilícito del material a suministrar".