Los resultados de las elecciones para gobernador en los estados de México y Coahuila dieron la vuelta al mundo no tanto por sus resultados o la credibilidad de las cifras, sino por las percepciones interpretadas por la oposición. Para los no muy informados sobre México, pareciera que el país vive con un PRI anterior a 1968, cuando toda la estructura institucional política estaba controlada de manera absolutista por el PRI.
Si se revisan las quejas del PAN y del líder populista Andrés Manuel López Obrador y se comparan con las de la oposición de los sesenta, el interesado podría creer que en México hay un túnel del tiempo: los dos acreditan un monumental fraude electoral al PRI para quedarse con las gubernaturas estatales. Sí, como antes, como en el viejo PRI que obnubilaba al mundo porque muchos partidos querían ser como el PRI.
Sin embargo…
Hasta 1985 el PRI controlaba la presidencia de la república, la totalidad de las gubernaturas de las 32 entidades federativas, el 80% de la Cámara de Diputados, el 100% del Senado, la Suprema Corte de Justicia, el 80% de las alcaldías de las principales ciudades del país. Y sobre todo, tenía dominio directo sobre la estructura electoral: la que organizaba elecciones, la que seleccionaba funcionarios electorales, el registro del padrón electoral. El presidente de la Comisión Federal Electoral era el secretario de Gobernación o Ministro del Interior, con voz, voto y decisión autoritaria.
El domingo pasado, el presidente de la república tenía apenas un 15% de aprobación, la base electoral del PRI es de menos del 30%, la mayoría de las gubernaturas estatales es de la oposición, Peña Nieto ganó la presidencia con el 38% de los votos, la bancada legislativa priísta es de apenas 42%, la mitad de las alcaldías principales es de la oposición.
Lo más importante: a partir de 1996, la estructura electoral que organiza las elecciones es autónoma del gobierno, sus funcionarios o consejeros electorales son nombrados por la Cámara de Diputados, el registro electoral que emite las credenciales para votar es también autónomo del gobierno y hasta la imprenta donde se hacen las boletas ya no es del PRI.
Y por si fuera poco, el PAN ganó dos veces la presidencia de la república (2000 y 2006) y ejerció el poder ejecutivo durante doce años, en tanto que el PRD tiene el control de la Ciudad de México que representa un cuarto del poder político y económico nacional, con el propio López Obrador como jefe de gobierno en el periodo 2000-2006. Ello quiere decir que la alternancia en México ha sido posible sin violencia.
Por tanto, los procesos electorales en México son diferentes. La oposición al PRI pierde no porque el PRI haga fraude --en realidad, todos lo hacen porque lo permiten las leyes-- sino por razones políticas. Los procesos electorales en México han sido legítimos en tanto que son formalizados por autoridades electorales que ya no nombra el PRI ni el presidente priísta de la república, sino que muchos de ellos fueron impulsados por la oposición al PRI.
El problema radica en que la oposición al PRI justifica su derrota no por incapacidad política sino que la acredita a un fraude. Y más que fraude, se trata de irregularidades electorales que han prevalecido desde los viejos tiempos del PRI absolutista, pero sin que la oposición se haya dedicado a legislar para taparlas. Todos los partidos usan esas irregularidades, aunque muchas veces el PRI las lleva hasta el abuso del sentido común. Pero las leyes son estrictas en cuanto a anulación de elecciones.
El problema de México ha sido la ausencia de un proyecto de transición de sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional. Estas tres estructuras de poder en México fueron diseñadas y construidas por el PRI y los partidos de oposición que han llegado a la alternancia --el PAN en la presidencia y el PRD en la capital de la república-- han sido incapaces de definir el fin del ancien régime priísta y definir una nueva estructura de poder. Lo paradójico es que México se sigue gobernando con la estructura institucional construida por el PRI desde 1929, aunque el PRI tiene apenas una base electoral menor a 30%.
EL PAN en el 2000 ganó la alternancia pero no instauró --modelo de Leonardo Morlino en toda transición-- un nuevo régimen sino que prefirió entenderse con el PRI. Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador gobernador la capital de la república --1997-2006-- como típicos priístas. Por eso el PRI no tuvo que hacer muchos esfuerzos en el 2012 para recuperar la presidencia de la república.
Gorbachov acredita la crisis de su transición a que el viejo régimen había muerto cuando el nuevo no había nacido. En México no ha muerto el viejo régimen priísta, la oposición prefiere la administración cómoda del régimen priísta y el PRI gobierna a veces sin tener el poder. De ahí que la crisis de gobierno-gobernabilidad-gobernanza de México sea haber convertido en interregno entre dos regímenes en una fase perversa o distorsionada, no en una estación de tránsito.
Si el escenario político-electoral mexicano permanece como está --y el PRI hará hasta lo imposible para mantenerlo--, en el 2018 no habrá alternancia, seguirán las denuncias de fraudes electorales y la oposición habrá de pagar su incapacidad para reformar al sistema/régimen/Estado. Mientras no haya transición, el nuevo régimen será inexistente y el PRI seguirá navegando en las aguas del viejo régimen.