El Tribunal Constitucional sacó las vergüenzas el pasado 8 de junio a la delictiva y anticonstitucional amnistía fiscal de Montoro –que los defraudadores blanquearan su dinero negro pagando un simbólico 10% al fisco–, la misma que practicaron gobiernos anteriores, como el de Zetapé en 2010 –cuando se detectaron las cuentas opacas y multimillonarias en el suizo HSBC–, o las dos de la era felipista, en 1984 y en 1991, con Miguel Boyer y Carlos Solchaga como ministros de la cosa, respectivamente. La desvergüenza no conoce signo político.
Entonces nos creímos, locos perdidos, la magia del perdón masivo a los defraudadores como solución recaudatoria a todos nuestros males. Pero esa mala conciencia con sabor a verano que algunos disimulan una vez más se queda flotando en el aire como las miasmas que emanan de las cloacas una noche de estío, según deslizamos un beso furtivo, y nos retornan, desromantizándonos, al final fétido de todo, que es un happy end para el ladrón de guante blanco y una condena para la clase media. Sigue, pues, en su bamboleante devenir de malabar la lista tributaria, por una España que no termina de recuperarse, ahora que todo un Premio Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, que sabe más de esto que vd., que yo, que Mariano y que todos juntos, ha dicho que la recuperación es una farsa y que pasarán aún muchos años hasta que esto vuelva a la normalidad.
Hoy nos hemos desayunado con una audacia aún mayor: la lista negra de Montoro saldrá sin el nombre de los directivos ni de los administradores de las empresas con deudas tributarias. Y esto porque el Gobierno no ha modificado el artículo 95 de la Ley General Tributaria que establece el carácter reservado de los datos tributarios: sin este cambio legal, seguimos sin saber quiénes en qué empresas blanquean allende los paraísos fiscales. La lista negra recuerda a la mancha negra de La isla del Tesoro: si te la entregaban estabas muerto (aquí, fiscalmente), pero en la letra oblicua se puede leer que las vidas de las personas no se ven afectadas por este trato de favor, ni en el sudor fabril del obrero, ni el tálamo conyugal que contempla tres o cuatro hijos o ninguno. A ellos, a nosotros, aquellos perdones fiscales y presentes omisiones de directivos nos importan poco, porque no se nos perdona nada, ni la vida siquiera, que es la materia precipitada y furiosa de los días y que en este junio amenaza combustión espontánea.
Atención al desfile del personal que se acogió a la amnistía montoril, que finalmente recaudó 1.200 millones de euros, la mitad de lo previsto: Rodrigo Rato; Luis Bárcenas; el empresario Fernando Martín, presidente Martinsa-Fadesa y exponente de los excesos del pelotazo inmobiliario, salpicado por la Gürtel; cinco imputados en la misma trama; los pujoles Josep y Oleguer; el ex-socio de Urdangarín, Diego Torres, amén de una nutrida cuerda de políticos, magistrados, fiscales y embajadores. Son los semidioses de la prescripción delictiva y la insolencia de la macrocifra ilegal. Ninguno pagaba sus facturas, ninguno tributaba del monto total de sus negocios opacales y de lavandería suiza o de isla virgen. El pantagruelismo saqueador. Simplemente.
Todavía son muchos los que, ante la cleptocracia sistemática de la banca, guardan los billetes morados y verdes en casa porque no se fían; pero luego te sale un nieto o un sobrino tonto que sabe dónde lo tienes y te descuartiza o te entierra en un olivar. Nuestra amada abuela metía sus ahorros debajo de la peana del Sagrado Corazón, pero hasta allí la mano impía se atrevía a levantárselo: “la necesidá, señora, la necesidá”. Y pídale cuentas al rey, Cristóbal, ahora que pintas de negro lo que otrora lavaste con la jofaina del enjuague y el perdón fiscal y semoviente con nombre tropical y chica en bikini y de pago dispuesta a todo por ser vos quien sois, allende los mares.
A los demás, ministro, nos queda la certeza del salario mínimo y gaseoso y esa ignorancia consentida y obligada de si los directivos de nuestras empresas, tan patriotas, se lo han llevado crudo y en la más completa anonimia a las Bermudas o a Panamá. Que va a ser que sí, Marifé. Y perdonar esos trinques es atentar contra los derechos de la ciudadanía. Lo dice la Constitución.
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