Aquellos consistorios que cedan locales para que se celebre.
El Gobierno se pone serio y ha empezado ya a mover ficha para evitar el referéndum de carácter independentista del próximo 1 de octubre. La Delegación del Gobierno en Cataluña ha dado instrucciones claras para llevar a los tribunales a todos los ayuntamientos que promulguen decretos o aprueben en sus plenos la aplicación de un manifiesto que se va a presnetar a las entidades municipales independentistas este sábado y que, entre otras cosas, prevé ceder locales para el 1-O.
Es necesario recordar que la propia Delegación, así como las cuatro Subdelegaciones provinciales en Cataluña poseen unidades de vigilancia para verificar la legalidad de todos los actos en los plenos de los ayuntamientos. Se trata, recuerdan desde la Delegación del Gobierno, de estructuras de Estado que deben cumplir la legalidad y en los que su personal, como secretarios o interventores, forman parte del cuerpo funcionarial estatal.
Para empezar, este mismo sábado, la Delegación vigilará el acto convocado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona por la Asociación de Municipios Independentistas (AMI) y la Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña (ACM). Allí, alcaldes soberanistas apoyarán un manifiesto a favor del referéndum y mostrará su compromiso cediendo "locales habituales" como colegios electorales.
Exactamente, expresarán su "predisposición y compromiso a colaborar en todas aquellas actuaciones que desde el Govern se nos requiera (sic) y, por esto, en el momento en que se haga la convocatoria, pondremos a disposición de la organización del referéndum los locales habituales donde se celebran todas las jornadas electorales en nuestros municipios".
Según apunta EFE, si estas intenciones de los ediles pasan de la "propaganda" a hechos concretos, como puede ser la promulgación de un decreto o la aprobación en el pleno, la Delegación del Gobierno en Cataluña llevará cada caso a los tribunales vía demandas judiciales o abriendo procedimientos contencioso-administrativos.
La Delegación del Gobierno ha dado así instrucciones a sus unidades de vigilancia para que actúen por la vía judicial ante cualquier iniciativa municipal que signifique llevar a la práctica el manifiesto que mañana darán a conocer los alcaldes independentistas, que buscan hacer posible el referéndum previsto para el 1 de octubre, un acto de "agitación", según las fuentes consultadas.