Ayer era detenido en Almadén de la Plata –Sevilla- Manuel González González, conocido como el loco del chándal, tras intentar, presuntamente, matar a dos hermanas del ex alcalde del municipio. Se da la circunstancia de que este sujeto había sido condenado a 169 años de cárcel por múltiples agresiones sexuales en Cataluña, pero quedó libre recientemente por la derogación de la doctrina Parot.
Es el mismo caso de Pedro Luis Gallego, el violador de La Paz, en la calle por idéntica casuística y que hasta la fecha de su nueva detención hace ahora dos semanas había agredido ya sexualmente al menos a cuatro mujeres. Son sólo dos ejemplos del enorme daño que ha hecho la doctrina jurídica progresista con su cruzada para acabar con la doctrina Parot, por lo demás una herramienta imprescindible para mantener a salvo a la sociedad de criminales cuyas posibilidades de reinserción son nulas.
PSOE, Podemos y el resto de la izquierda radical se han opuesto sistemáticamente a un endurecimiento de las penas en delitos de indudable sensibilidad social; en contra, por cierto, de la opinión abrumadora de la opinión pública. A resultas de ello, delincuentes que debían estar a buen recaudo han tenido ocasión de seguir cometiendo todo tipo de desmanes por una cuestión tan sectaria como espuria. Violaciones y asesinatos podrían haberse evitado si Luis López Guerra en Estrasburgo y el resto de la izquierda judicial en España no hubiesen hecho lo posible para que sus autores quedaran libres.