Como un viejo fantasma, el canon digital vuelve a la actualidad. El Gobierno de Rodríguez Zapatero creó un canon que grababa varios bienes, para distribuir lo recaudado a ciertos grupos, que a su vez repartirían el dinero a los supuestos agraviados por la copia privada. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también aprobó una ley de canon digital, que fue expulsada de la legislación por la justicia. Ahora, el canon vuelve con algunas modificaciones para salvar las dificultades que señalaba la sentencia condenatoria.
Con todo, el nuevo canon se basa en los mismos principios. Gravará una tasa sobre los soportes de grabación, tasa de la que Administraciones Públicas y empresas están exentas, y que recaerá por completo, en consecuencia, sobre el ciudadano de a pie. El anterior sistema compensaba a los autores, o al menos a aquéllos conectados con los gestores de derechos, por medio de los presupuestos. El actual no es exactamente así. Y aunque todavía queda mucho por definir del proyecto que se ha filtrado a la prensa, parece que supondrá una cantidad mucho mayor en manos de las entidades de gestión.
El canon es una mala solución a un problema mal entendido. La economía digital favorece la copia y dificulta, en consecuencia, el cobro por todos los usos que se pueden hacer de los bienes culturales. Esto es cierto, pero también lo es que las nuevas tecnologías de la información, como el blockchain, ofrecen soluciones que serían justas para los creadores culturales, sin necesidad de recurrir a un canon ni, mucho menos, a entidades privadas que recaudan y gestionan impuestos públicos. Unas entidades que, en ocasiones, alojan una corrupción rampante.
El canon supone privatizar los impuestos, una medida que genera auténticos problemas a quien quiera defenderla desde el punto de vista ético. Recae de forma general sobre el público, sin discriminar quién se beneficia de la copia privada y quién no. Y no está claro que el pago a los creadores se haga desde presupuestos justos. La vuelta al canon es un paso atrás, y merece una respuesta por parte de la sociedad civil.