La técnica presupuestaria aconseja distinguir entre los objetivos generales de gastos, con sus previsiones de ingresos y del consiguiente déficit o superávit, y el reparto de este gasto que se concreta en los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo negocia, con el titular de Hacienda Cristóbal Montoro liderando este esfuerzo, la fijación del techo de gasto para el ejercicio que viene. En un Parlamento sin mayorías absolutas, como el actual, esto obliga a que el Gobierno negocie con otros grupos del Congreso más allá del que hace de correa de transmisión de los deseos de Mariano Rajoy, que es el Grupo Popular.
El techo de gasto es, pues, uno de los principales instrumentos de la política económica. Uno que nos vincula especialmente con la Unión Europea, pues España aún tiene que seguir reduciendo el déficit para cumplir primero con los compromisos europeos, y luego con su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé fijar el límite máximo de la deuda pública en el 60 por ciento del PIB. Pero, una vez más, Cristóbal Montoro hace juegos malabares entre la gestión económica y la política.
El Gobierno ha fijado para el año que viene un déficit público de las Administraciones Públicas del 2,2 por ciento del PIB, ya por debajo del 3 por ciento que marca el máximo permitido. Pero prevé que el comportamiento de la Seguridad Social sea mejor de lo esperado, vista la excelente marcha del mercado laboral, lo cual le permite ser más generoso con las Comunidades Autónomas. Si en la anterior previsión las regiones tenían que rebajar el déficit del 0,6 al 0,3 por ciento, ahora afloja las exigencias en una décima, al 0,4 por ciento, lo que supone unos mil millones de respiro para las cuentas autonómicas. Esta generosidad del ministro con las regiones, basada en una previsión optimista, tiene un trasfondo político. Se muestra cuando está negociando con el PSOE, que controla varias regiones, el apoyo a las cuentas del Reino. Montoro y Rajoy dan una muestra de acercamiento a Pedro Sánchez justo antes de que, este jueves, el antiguo y nuevo líder socialista visite el Palacio de la Moncloa.
Lo cierto es que la economía y el empleo están creciendo aceleradamente, y lo harán, en consecuencia, los ingresos públicos. Da la impresión de que todas las Administraciones están pensando en qué se van a gastar ese 1,3 por ciento de aumento del gasto conjunto que aprueba el Gobierno. Pero una parte importante del mismo se lo lleva el crecimiento comprometido en pensiones. Como elemento positivo, Ciudadanos le ha arrancado al Partido Popular el compromiso de rebajar el IRPF a las rentas más bajas. Aunque una rebaja generalizada sería mejor para el conjunto de la sociedad española.