En momentos en que se desarrollaba una sesión solemne de la Asamblea Nacional en conmemoración del 5 de julio, Día de la Independencia, bandas paramilitares del gobierno de Nicolás Maduro irrumpieron y tomaron por asalto la sede del parlamento, atacando a diputados, empleados de la Asamblea e incluso a periodistas que cubrían el evento, con explosivos, disparos, palos, piedras y artefactos contundentes. En la trifulca fueron agredidos los diputados Américo de Grazia, Armando Armas, Luis Colmenares, Luis Padilla, José Rendón y Nora Bracho, así como varios empleados, algunos de ellos con lesiones considerables.
Este hecho no puede desvincularse de lo sucedido más temprano, cuando el Vicepresidente de la República se presentó de manera sorpresiva al recinto de la Asamblea Nacional, acompañado del Ministro de la Defensa y escoltado por estas mismas bandas, para realizar una arenga política en contra de los sectores de la oposición y a favor de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Ejecutivo.
La Guardia Nacional, responsable de la custodia y seguridad de las instalaciones, poco o nada hizo para impedir el asalto y las agresiones a los parlamentarios –más bien actuaron como cómplices en el asalto- y solo tardíamente pudo retomar el control interno de las instalaciones. Sin embargo, los grupos violentos continuaron al asedio en las afueras del parlamento, hasta avanzadas horas de la tarde.
Estos hechos reconfirman el talante dictatorial del régimen, así como su desprecio por la institucionalidad democrática, por los poderes que no controla, y por la civilidad. Comprometen además seriamente la responsabilidad del Ejecutivo, cuyas fuerzas de seguridad tienen la obligación de garantizar el orden público y salvaguardar la vida e integridad física de los diputados, personal de la Asamblea e invitados. Por lo demás, este proceder, cuyos responsables deberían ser sancionados, viola preceptos esenciales de la democracia, como lo son la separación y el respeto a los poderes, y la sujeción del poder militar al poder civil.
Al agradecer los respaldos que han formulado la mayoría de los gobiernos de la región, alertamos a la comunidad hemisférica, a los parlamentos de las Américas, a los partidos políticos e instituciones de la sociedad civil, sobre esta nueva fase de la violencia promovida desde un gobierno que sin respaldo popular, apela a la fuerza bruta y prefiere contar balas que votos
A pocos días del 16 de julio, fecha en la que realizaremos una consulta popular para conocer la opinión de los venezolanos sobre la pretendida Asamblea Nacional Constituyente, así como la necesidad de constituir un gobierno de unidad nacional, resulta crucial contar con el apoyo de la Comunidad Internacional y su participación activa.