El nuevo portavoz del Gobierno catalán, tras su remodelación, Jordi Turull, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar cuáles serán los próximos pasos de la Generalitat en su desafío de convocar un referéndum ilegal. Según ha aclarado, el proceso de compra de urnas se ha reactivado este mismo martes con la aprobación de un decreto que traspasa la competencia sobre "procesos electorales y consultas populares" al vicepresidente Oriol Junqueras. Hasta ahora, la responsabiliad recaía en la Consejería de Gobernación.
La rueda de prensa ha sido toda una puesta de largo del nuevo Ejecutivo catalán, con la participación del nuevo portavoz del Govern y consejero de Presidencia, Jordi Turull, tras la primera reunión del Consejo Ejecutivo en la que han debutado los cuatro nuevos miembros del Ejecutivo catalán: el propio Turull, Joaquim Forn, Clara Ponsatí y Víctor Cullell.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reclamado a la Generalitat el expediente completo del anterior concurso de compra de urnas, que se acabó declarando desierto. En un auto, la magistrada Mercedes Armas acuerda abrir diligencias contra Meritxell Borràs y su ex número dos Francesc Esteve, "sin perjuicio de que se produzcan, en su caso, ampliaciones del objeto de la investigación y de los sujetos investigados", a raíz de la querella de la Fiscalía, que la sala admitió a trámite el pasado 20 de junio.
La juez requiere en su auto al Departamento de Gobernación que "a la máxima brevedad" le aporte el original íntegro del expediente para convocar el acuerdo marco para el suministro de urnas, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el 9 de mayo pasado.
Dicho acuerdo fue declarado desierto, porque la Generalitat consideró que las empresas que concurrieron a la misma no cumplían los requisitos técnicos, pero aún así el TSJC se negó a archivar la querella.
La Fiscalía Superior de Cataluña acusa a Borràs y a Esteve de los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación al entender que la licitación de la compra de urnas suponía una "puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista".
Posteriormente, el ministerio público amplió su querella para incluir en la misma el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum independentista por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont.
En su escrito de ampliación, la Fiscalía sostiene que aunque el anuncio de Puigdemont no ha "venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable", es "indudable" que demuestra la tesis del ministerio público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.