Ponemos el paréntesis porque lo que realmente sucede en la algarada catalana es asunto casi exclusivo de Barcelona. Y de un grupo de políticos posibilistas que, ante el deterioro cultural de la sociedad española, atisban la oportunidad de convertir el antaño condado en nación y hasta Estado. Y esto en las fauces mismas de Europa, como augures de su futuro, a modo de guía histórica.
No hay, de momento, sustancia social que convierta en sujeto de atribuciones estatales a la comunidad española de Cataluña. Sí existe un formalismo derivado del uso delegado de poder que la Nación y Estado español entero otorga a la comunidad y que crea en ella el espejismo de una independencia forzada. Y esto origina una tensión de despachos y funciones entre organismos ya ocupados por diferentes representantes políticos. Los más avisados esgrimen la falaz distinción entre legalidad oficial, la certificada por la Constitución de 1978, y una pretendida legitimidad independiente que el grupo antedicho habría generado en la población catalana desde hace cinco años y medio. Y lo legítimo presupone lo legal. Es decir, tienen que autodonarse la Ley máxima, una Constitución.
Olvidan quienes así piensan que tanto una como otra palabra, legalidad y legitimidad, son ramas del mismo tronco, la “Lex”, cuyo genitivo es “legis”. Y solo una. Para instaurarla hay que generar otra que anule la que en realidad posibilita tal aventura. No basta una declaración de parte, sino que ha de ser mancomunada, pues conjunta es la razón actual de convivencia legítima, no solo legal. Esto es de sobra conocido.
La única alternativa seria es revolucionaria. Y una revolución catalana hoy día con pretensión de Estado o solo de nación acodada al resto de España, y porque sí, o a la villa de Andorra, con viajes al casino de Mónaco, y mirando hacia Italia desde la costa, suena a pura juerga política de veamos el lío que se puede formar y qué obtenemos mientras tanto por el camino.
Lo más grave de todo va siendo, sin embargo, la depauperación lenta, pero continua, de las instituciones españolas. Para muestra, el ejemplo risorio que el líder actual del Partido Socialista da a los ciudadanos con la propuesta, a modo de solución, de una España plurinacional o Nación de naciones, con minúscula la determinación, porque, si fuera con mayúscula, rizaríamos el rizo de la risa política mundial. ¿Prescindiría la Comunidad Autónoma de Logroño de la ocasión única que la historia le ofrecería de ser Nación? ¿Y por qué no el valle del Ebro, si se lo propone?
El empobrecimiento mental quiere repetir la muletilla de las autonomías de 1978, creadas ad hoc para minimizar, en el conjunto, el problema catalán y vasco, pero ahora con el plural naciones. Serían hoy, o mañana, solo las tres históricas —las antedichas y Galicia— más algún arreglo con Castilla, Andalucía y Canarias, por ser islas. ¿Y Extremadura, Cantabria, Asturias, Valencia, el regionalismo histórico? Englobadas por decreto, se supone.
Sigue encubierta en toda esta sinrazón el estímulo de la República, palabra mágica que solucionaría todos los problemas en una federación, para unos, o confederación, para otros, de repúblicas declaradas o encubiertas. Una balcanización a la española. Y esto porque no hay modo activo, pasivo, reflejo o perifrástico, de lograr en España una República mediante sufragio universal, sobre todo de izquierdas. Y se marea la sardina las veces que sea necesario.
¿Una República que cambie como con varilla mágica los males de la Nación de un día para otro y solo en virtud de tal nombre? ¿Dónde se ocultan los prohombres de tal empeño, que no se ven? Porque si lo que viene es lo que ya ha venido y está presente, de república bananera se trataría. Y así es. Resulta tan banal el ejercicio del poder y el contenido de bastantes instituciones nacionales, que cualquier atisbo de tentación napoleónica es posible en la isla de Santa Elena (léase Barcelona, por ejemplo). Hasta el concepto de república se banaliza nada más proponerlo.
Mientras tanto, los partidos de la oposición aprovechan turno para desgastar al presidente nacional en ejercicio a pesar de que reconduce —puro milagro— la economía y la sitúa entre las mejores de Europa. Situación paradójica. Solo este hecho, llámese X, Y o Z el presidente, bastaría para mantener la boca cerrada si no hay argumentos que consoliden o multipliquen aún más lo obtenido. Sucede además este fenómeno en un momento especial de la Unión Europea al desgajarse Inglaterra del proyecto. A España se le ofrece una alternativa única, histórica. Y requiere acción conjunta de todos los sectores políticos. Horizonte de Estado. Y ante esta altura, se notan los apócopes de turno. Hemos insistido en ello varias veces.
El acoso presidencial se efectúa tanto desde la denominada derecha como desde diversos sectores de izquierda. Por razones diferentes, claro. Algo normal en la pugna de poder. Sucede, no obstante, que se asocia al presidente Rajoy con España. Y los ataques políticos van contra la Nación. Debilitan el contenido sustancial que la mantiene. Y sin sonrojo. Ningún país europeo menoscaba a su país como ciertos españoles hacen con España. La derecha más derecha pretende una acción contundente en Barcelona. Y podría darse, llegado el caso, pues la Constitución la contempla. Sería un modo de poner a prueba sus extremos, antes de cambiarla, según pretenden —se supone— bastantes lectores y entendidos suyos.Situaría además al presidente en una coyuntura difícil de alto riesgo político. Levantaría cabeza sobre el ejercicio consuetudinario y tomaría una decisión histórica importante: invadir legalmente Barcelona y algún aledaño. Lo consuetudinario tendría entonces segunda acepción: cometer un gran error y arrostrar la culpa. Lo tildarían, a un lado y otro, por razones distintas, como mínimo, de autócrata nostálgico. (Demasiado modo potencial, en -ía). Por eso desconcierta a quienes ven que, sin llegar a tanto, va descomponiendo la trama desde su propio núcleo, aprovechando las sinrazones internas de una razón desvariada.
El mayor peligro está, sin embargo, en la Constitución misma. El recurso al Tribunal constitucionalpara pedir permiso —tal es ya la costumbre del Gobierno— de actuación, puede convertirse, en el caso de la secesión catalana, en peligro de retardo. La acción catalana sopesa anticiparse al formalismo constitucional. O incluso —nadie puede asegurar nada a priori en pura hipótesis de crisis— pudiera producirse duda o vacilación jurídica. Y el tiempo dubitativo juega a favor de los sediciosos. Entonces, la brecha sí será un atentado contra la actual organización territorial del país.
El presidente de un gobierno democrático debe sopesar con audacia y prudencia la actuación más conveniente en momentos decisivos de la historia. Actuar al tiempo que comunica a las instancias correspondientes la acción emprendida. El Estado tiene recursos para valorar previamente las intenciones inmediatas, entre otros la anuencia de la oposición y de los consejeros jurídicos. Esta antelación es imprescindible en determinados momentos. Y aun a riesgo de comparecer luego ante la justicia o parlamento que legal y legítimamente lo requiera. Ahí se mide la grandeza de la política. Se supone que el Gobierno cuenta con información adecuada y, por razones evidentes, la administra en función de los acontecimientos.