Exigentes obligaciones institucionales

Las instituciones españolas constituyen un freno, y no un impulso, para nuestro progreso económico. Acaba, sobre esto, de publicarse un libro fundamental, de Carlos Sebastián et al., “Instituciones y Economía. Cómo las instituciones condicionan el funcionamiento de la economía española” (Fundación Ramón Areces, 2008). A él pertenecen estas palabras (pág. 321): “Las instituciones son importantes para la acumulación y para el avance de la productividad. Lo son las instituciones formales (las leyes, las distintas Administraciones, los mercados, sus regulaciones, etc.), pero también lo son las informales (el cumplimiento de las normas y contratos, las conductas de políticos y financieros, los códigos de conductas imperantes en la sociedad, etc.). Las segundas por sí solas condicionan la seguridad jurídica y generan incentivos adversos o favorable a la actividad empresarial y a la asignación del talento”.

En España, estas instituciones informales deben preocuparnos. Son la causa de que en una valoración para nueve países de la OCDE “la imagen que se obtiene es que los valores revelados por los españoles en estas cuestiones son peores, en el sentido de menos propicias para un buen funcionamiento de la economía, que en la mayoría de los otros países”.

Una exposición creciente de estas irregularidades acaba de denunciarla “El Economista”, en su edición de 21 de junio de 2008, en la información firmada por F. Tadeo, titulada “El Banco de España admite que su gobernador calló por motivos políticos. El segundo de a bordo alega que Fernández Ordóñez no quería influir en el resultado electoral”. Según la información, el Banco de España “no quiso intervenir en el desarrollo de las elecciones. Por eso no se pronunció sobre la evolución de la economía”. Y añade; “José Viñals admitió ayer que el gobernador se calló de diciembre a marzo sobre la situación real para no influir en la decisión de los españoles a favor de uno u otro lado de la balanza, con el objetivo de evitar que, dijese lo que dijese, «pudiera utilizarse como arma electoral»...”.

Al Banco de España no se le pide neutralidad, sino información veraz, para que se pueda emplear adecuadamente como orientación de la política económica. He aquí que esta información veraz chocaba con la que un partido político, el que estaba en el Gobierno, señalaba que con su conducta se había provocado un auge considerable para nuestra economía. El más importante de la oposición sostenía que esta política económica era una de las causantes de la crisis económica que se padecía, y que, por ello, necesitaba que ésta se alterase radicalmente. Quienes tenían que decidir eran los españoles, sobre quienes, en esos momentos electorales, recaía la soberanía y deberían ejercerla bien. Con el silencio del Banco de España, al no enjuiciar la situación, los ciudadanos perdían una referencia importante para sus decisiones. Y efectivamente, eran ellos los que tenían que optar si era mejor continuar sin reacción alguna, y he aquí que de lo que sabía el Banco de España se infería que si urgentemente no se atajaban ciertas disfunciones, se provocarían realidades posiblemente de remedio muy doloroso, o mucho más doloroso que adoptadas en los meses de diciembre, enero o febrero. Ahora se ve lo que era preciso. La neutralidad no es precisamente la de Duguesdin en los Campos de Montiel. Y ahora eso fue por lo que se optó.

Todo retraso, es posiblemente, como ahora se observa, abandono, y se produjo al considerar a los ciudadanos españoles menores de edad e incapaces de reaccionar adecuadamente ante las noticias serias de quien, hasta ahora tenía el prestigio derivado de su tradicional buen hacer y de su pretendida independencia. ¿Acaso el Banco de España cree todavía en la bondad de un aserto del despotismo ilustrado: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”?

Esta cuestión, que enlaza con el funcionamiento de las instituciones informales, no es baladí ni mucho menos. En este libro de Carlos Sebastián et al. es ésta de la página 252: “Otra reflexión relevante respecto a la opinión sobre conductas irregulares (es) que la percepción ciudadana de deficiencias o corruptelas institucionales tiende a ser más intensa y a causar más escándalo precisamente allí donde suele ser menor o más episódica”. El prestigio del Banco de España resulta así dañado, de modo importante, y no merece la institución que eso vuelva a suceder, para bien de todos.