Junqueras ha explicado en un artículo conjunto en El Punt Avui y El Nacional.cat que, teniendo en cuenta los "más de dos millones personas" que votaron en la consulta soberanista de 2014, la posible sanción representaría 2,1 euros por voto y persona. Dice además que él no duda de que "aquellos que participaron en la votación" estarán "más que satisfechos de aportar esta cantidad". El vicepresidente ha invitado así a la creación de una "caja de resistencia al servicio de la democracia" para asumir el coste de la "factura económica" que pueda reclamar el tribunal a los condenados por su participación en la consulta del 9N, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.
Junqueras también ha afirmado que "el compromiso" del Govern con el eventual referéndum de independencia del 1 de octubre seguirá a pesar, ha dicho, de las "amenazas al patrimonio personal" de los que están implicados en la organización de este referendo de secesión.