Domingo 23 de julio de 2017
Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras siguen sin desvelar de dónde sacarán las urnas para la consulta ilegal de octubre, ni cómo piensan financiarlas. Tampoco aclaran detalles tales como el censo, organización, etc. Mismo discurso, misma puesta en escena y mismo mantra de siempre; por lo demás, tan cansino como estéril.
En efecto, Puigdemont y los suyos han hecho rutina de la vulneración de la legalidad vigente -con casi total impunidad hasta la fecha, conviene recordarlo-, limitándose a reiterar este comportamiento sin apenas variaciones. Últimamente, al menos, parece vislumbrarse en el PSOE un atisbo de responsabilidad, poniéndose del lado de los partidos constitucionalistas frente al permanente desafío nacionalista -si bien con Pedro Sánchez al frente nada hay seguro, y menos en este asunto-.
Poco margen de maniobra cabe contra quien se empeña en dejar sin voto a la mayoría de los ciudadanos españoles para romper el país como único propósito. Ni éste Gobierno ni ningún otro está en disposición de negociar algo que corresponde al pueblo español en su conjunto: la soberanía nacional, desde 1812 corresponde a todos los ciudadanos. Cualquier decisión al respecto ha de tomarse por todos los españoles, no sólo por unos cuantos. No caben, pues, “terceras vías” ni ocurrencias similares, sino sólo que el señor Puigdemont deje de subvertir la ley.