Durante diez días, un grupo de unos 80 refugiados han estado viviendo en un parque entre el Centro Cultural Islámico de Madrid -la llamada “mezquita de la M-30”- y el tanatorio cercano. Entre ellos, había, como mínimo, 30 menores de edad y un recién nacido. Los atendió el SAMUR social, aunque, finalmente, se ha hecho cargo de ellos el Ministerio del Interior. En la asistencia que se les ha prestado durante este tiempo han participado dos ONG: Accem y la asociación de mujeres marroquíes en España Al Anwar.
La primera pregunta que uno debería hacerse es cómo ha sido posible que 80 personas durmiesen en un parque sin recibir más atención, pero por desgracia en Madrid ya hemos conocido asentamientos de personas que vivían en descampados. Podríamos recordar, incluso, asentamientos permitidos por las administraciones durante años como la Cañada Real. Así, Madrid no es una excepción entre las ciudades del primer mundo. También aquí hay miseria y pobreza desde hace mucho tiempo. No comenzaron con las guerras de Siria e Irak.
El aparente compromiso con los refugiados llevó al Ayuntamiento de Madrid a colocar una pancarta en la que les daba la bienvenida a la capital de España: “Refugees welcome”. Durante el mes de agosto de 2015, cuando las imágenes de aquellos seres humanos desesperados que trataban de cruzar las fronteras de Europa llenaban los informativos, la mayoría de políticos se prodigaron en declaraciones y promesas. Es inevitable, después de dos años, sospechar de su decisión a la hora de cumplirlas. En un tiempo de populismos, uno creería que prefirieron contentar a la opinión pública con lo que esperaba escuchar, que decirle la verdad de los desafíos que suponía acoger e integrar a aquellas personas.
Digámoslo claramente: España no puede consentir la pobreza -y aun la miseria- de nadie; mucho menos de quienes han llegado a su territorio huyendo de la guerra. Deben desplegarse todos los recursos para atender a estos seres humanos -entre los cuales hay menores, no lo olvidemos- que han llegado a nuestra tierra en busca de una vida mejor y huyendo de una muerte que los cercaba por doquier. El Talmud nos enseña que quien salva una vida salva el mundo entero. No hace falta decir más en este punto. Los compromisos humanitarios que España tiene para con cualquier refugiado deben cumplirse con generosidad. Si existe un “sueño español”, esos niños deberían tener una oportunidad entre nosotros.
Ahora bien, el uso político de los refugiados -esa aparente solidaridad que se agota en las declaraciones y las promesas incumplidas- es irresponsable y mezquino. El caso de estas 80 personas revela bien a las claras una disfunción y, tal vez, una imposibilidad que no se quiere admitir para no defraudar a esa opinión pública que prefiere la tranquilidad a la verdad. En un tiempo de política basada en “selfies”, tuits y “memes”, el temor al escándalo y el miedo a decir la verdad son poderosísimos. España hasta el momento ha acogido a unos 800 refugiados desde 2015. Su compromiso es ubicar a 17.000 y el ministro Dastis lo confirmó en diciembre de 2016. Quizás habría que valorar si es posible cumplirlo.
Durante diez días, 80 seres humanos han estado pernoctando en un parque y ninguna de las tres administraciones que podían intervenir en distintos niveles de competencia -la local, la autonómica y la local- han sido capaces de reaccionar. Las ONG han mostrado, aquí, una capacidad y una agilidad que a la Administración le ha faltado. Solo han intervenido para acometer el problema cuando ha estallado el escándalo. He aquí otro de los problemas de la España de nuestro tiempo: es más efectivo provocar un escándalo que tener derecho. El temor a la indignación logra cosas que invocar leyes y preceptos no consigue. Es más útil tener un altavoz que tener razón porque, para estos políticos, pesa más el ruido que los argumentos. Nótese que no digo que estos refugiados no tuviesen argumentos ni razón para pedir ayuda. Al contrario, digo que -para vergüenza nuestra- tenerlos les sirvió de poco hasta que estalló la noticia. Solo entonces alguien reaccionó de forma eficaz.
Afortunadamente, se ha podido hacer algo por estas personas -ahí han estado las ONG, por ejemplo- pero una sociedad no debería funcionar a golpe de escándalo, sino por la fuerza de la ley y según procedimientos ordenados. Este caso de los 80 refugiados sirios debería llevarnos a reflexionar sobre la verdadera capacidad -y voluntad política, por cierto- de acoger a quienes buscan la seguridad de la Unión Europea. A fuerza de titulares y carteles populistas, no se logrará la integración social necesaria. Al contrario, los conflictos se exacerbarán y se vivirán en España situaciones como las que tristemente hemos visto en otros países de Europa.