Los partidos ultiman el pacto de Estado contra la violencia de género

Incluirá doscientas medidas y un presupuesto de 1.000 millones de euros.

Los grupos parlamentarios del Congreso ultimarán este lunes un acuerdo para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia machista, que incluirá doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años para luchar contra este problema social.

La subcomisión del Congreso constituida para tal fin se ha reunido este mediodía para la lectura y aprobación del documento, tras revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral, que es la "llave" del acuerdo. A este acuerdo quisieron dar un impulso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio. Rajoy y Sánchez trataron de la necesidad de cerrar "lo antes posible" un pacto de Estado contra la violencia machista, uno de los siete acuerdos que expuso el jefe del Gobierno en su sesión de investidura.

Los partidos han conseguido sacar adelante el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP, encargado de esta labor por tratarse del grupo mayoritario en la Cámara baja. Las propuestas han sido revisadas una a una, modificadas y reordenadas. Los grupos han pactado una serie de recomendaciones en los ámbitos de la prevención, la asistencia a las víctimas, la protección de los menores, el impulso de la formación de los distintos agentes o la mejora de la información sobre esta realidad social. Por ello, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha querido agradecer a todas las fuerzas políticas el haber "estado a la altura de las circunstancias". Ha defendido que se trata de un pacto "histórico" y "sin precedentes, absolutamente nuevo" porque "pone de acuerdo a partidos políticos con sensibilidades muy distintas", atiende a una necesidad social "de primera magnitud" y abre la puerta a compartir esta responsabilidad "en positivo", ha señalado.

Entre otras reformas judiciales, se ha acordado regular la prohibición de las visitas a la cárcel al padre maltratador condenado por parte de los menores en casos de violencia de género. Una de las propuestas se centra en la reestructuración del sistema de atención social para la identificación, el acompañamiento y la protección de las mujeres que no han interpuesto denuncia.

Los partidos han decidido que no será necesario interponer una denuncia penal para el reconocimiento de la condición de beneficiaria de los servicios jurídicos, medidas de protección, asesoramiento o acompañamiento. La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones. Esto también supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

En lo que va de 2017, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se eleva a 31, aunque hay otros tres casos en investigación en Redondela (Pontevedra), Mogán (Las Palmas) y Valencia, según datos del Ministerio de Sanidad. Seis menores han sido víctimas mortales por violencia de género este año y otros quince menores se han quedado huérfanos a consecuencia de este problema, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Una vez aprobado el informe de la subcomisión, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones civiles.