No hay día que pase sin que el Govern no agite el fantasma de la desconexión del resto de España. Durante la última semana, el recurso principal ha sido el enigma de la procedencia de las urnas, aunque no el único. El “España nos roba” como argumento victimista, la amenaza de desobediencia generalizada o el permanente falseamiento de la realidad son sistemáticamente utilizados por un nacionalismo catalán del que ha desertado ya todo atisbo de sensatez y moderación.
En efecto, de haber elecciones la formación de Oriol Junqueras sería hoy la fuerza más votada, en detrimento de los restos de Convergencia. Es por ello que ante la posibilidad de semejante horizonte, desde Esquerra se muestren contrarios a repetir la fórmula de “Juntos por el Sí”, sabedores de que han casi cerrado la fagocitación de lo que fue Convergencia. Sin embargo, quien realmente parece llevar la batuta es la CUP, cuyos postulados antisistema están siendo cada vez más asumidos por el resto del nacionalismo en su totalidad.
En cualquier otro lugar sería impensable que sus responsables políticos vulneraran sistemáticamente las resoluciones judiciales y pretendieran romper el país del que forman parte con aparente impunidad. Y es justo lo que está pasando en Cataluña. Artur Mas y los suyos se quejan de la “judicialización del procés”, pero obvian que en un estado de derecho los tribunales sólo actúan cuando se vulnera la ley. Así pues, por mucho que el nacionalismo pretenda romper la convivencia, no podrá “desconectarse” del imperio de la ley.