"El Govern de Cataluña dice basta; denunciaremos a todas las personas que entendemos que puedan atacar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores públicos, sea juez o Guarda Civil", ha proclamado este miércoles el consejero de Presidencia de la Generalidad catalana, Jordi Turull. Lo ha hecho como respuesta al interrogatorio que la Benemérita ha realizado en este día al secretario general de Presidencia del Govern, Joaquim Nin.
Turull, uno de los cargos nuevos inyectados tras la purga de Puigdemont, ha considerado que la llamada a declarar a Nin, como investigado, por los indicios que le incriminan, presuntamente, en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O, se ajusta a la consideración de una "grave vulneración de derechos fundamentales".
Sobre Joaquim Nin pesan las pesquisas de la causa por sedición dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Y el portavoz independentista ha señalado que su compañero de órdago al Estado ha "entrado a declarar como testigo" por la web del Pacto Nacional por el Referéndum y "ha salido como investigado por un delito de sedición". Y, a su juicio, ambas causas no están relacionadas.
Además, el consejero ha recordado que el Pacto Nacional, que propugnaba una consulta acordada, surgió de una resolución del Parlament que no fue recurrida al Tribunal Constitucional, por lo que "se está criminalizando trabajar a favor del diálogo y del acuerdo". Así, Turull ha denunciado que el testimonio sobre una web del Pacto se haya convertido en una "causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Cataluña", en alusión al referéndum.
"El Govern no quedara impasible ante estos ataques", ha afirmado tras catalogar la situación como "perversa". Es por ello que la dialéctica le ha llevado a amenazar a la Guardia Civil y a la judicatura española.
Turull ha finalizado su alocución sentenciando que se está perpetrando un "uso y abuso del secreto de sumario", que a su juicio se usa como "excusa" para interrogar a cualquier ciudadano, con la "enorme indefensión" que implica, ya que los citados no saben sobre qué deben responder. Y se ha despedido sin aclarar sobhre qué derechos fundamentales fundamentará la Generalitat su denuncia, aunque le ha extrañado que alguien pudiera no considerar que se ha desarrollado una "grave indefensión", que se vulnera "el derecho a la legítima defensa" o que no se cumplen las "garantías procesales".