El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy considera que las respuestas ofrecidas por el Govern en torno a la certificación de que ninguna partida pública se ha destinado a financiar el referéndum del 1 de octubre, hasta ahora, son "genéricas y obvias". Y así lo ha hecho constar este jueves, pues ha enviado un nuevo requerimiento a la Generalidad de Cataluña para que les entregue los debidos certificados que muestren la ausencia de dinero público en la organización de la consulta ilegal.
El encargado de hacer pública la nueva solicitud ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El dirigente ha proclamado tal medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha lamentado que la contestación de la Generalidad a la exigencia inicial de que se le envíen los certificados con los nombres de los funcionarios que velan por la legalidad del gasto público haya sido "una obviedad".
Según Montoro, la respuesta emitida por el Ejecutivo catalán se limita declarar que los responsables de cuidar la legalidad del presupuesto es de los miembros del Govern. "Pero no estamos hablando de eso, sino de los funcionarios", ha reclamado.
De hecho, el dirigente ha defendido que la exigencia del Gobierno -tomada a partir de la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del viernes pasado- es "algo sencillo y directo" y se trata de una solicitud en la que no se puede ver ni "crispación ni violencia". Y ha aclarado que no se plantea que los pagos del FLA a la autonomá catalana esten en peligro porque no tiene "razón" para pensar que hay desvíos hacia el referéndum "ilegal" del 1 de octubre.
En consecuencia, ha manifestado, no contempla la puesta en práctica de medidas adicionales en este punto. El objetivo, ha proseguido, es garantizar que "ni un solo euro se está dedicando a una actividad ilegal" como es el referéndum -"según ya han dicho los tribunales"-.
El titular de Hacienda ha especificado que en el nuevo requerimiento se piden los nombres de los funcionarios responsables de garantizar que los gastos que se hacen no se van a dedicar a asuntos relacionados con la celebración de esa consulta. Y ha remarcado su convicción en que la Generalidad "va a cumplir" porque lo contrario "no tiene sentido". Es más, ha subrayado que su equipo está cumpliendo, con aplicación estricta", el plan de 2015 que trataba de matizar la bajada de la calificación de la deuda a Cataluña y empezó a recibir el FLA.
Por último, Montoro ha recordado que la Generalidad de Cataluña debe enviar mensualmente información sobre los gastos, lo que valió para detectar la partida de 6.150 euros, que podría tener relación con el referéndum, por lo que se solicitó más información. "Nadie tiene que ver especial crispación en ello, es casi lo natural", pero si no cumplen, se tomarán "otro tipo de medidas", aunque hasta ahora, la Generalidad ha cumplido con su obligación.