Fuimos pocos, muy pocos, los que desde el primer momento hablamos del golpe de Estado que perpetraban Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas. Ahora ha venido la más importante patronal catalana, Fomento de Trabajo, y ha denunciado abiertamente que la aprobación del proyecto de ley del referendum, “supondría un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno internacional, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles”.
Carlos Puigdemont y sus cómplices están cometiendo desde hace muchos meses delito de sedición. La lenidad del Gobierno les ha respaldado hasta ahora. Deberían estar procesados y, en lugar de eso, se dedican a preparar abiertamente un golpe de Estado. Sediciosos y golpistas, abandonados por muchos de los suyos, denunciados por importantes instituciones catalanas, investigados ya por las Fuerzas de Seguridad y la Justicia, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y el pobre Arturo Mas queman sus últimos cartuchos cuando el sentimiento secesionista retrocede según todas las encuestas.
No es que hayan ido demasiado lejos. Es que cada paso que dan está fuera de la ley. Actúan de forma agriamente totalitaria, amparándose en la democracia pluralista plena que rige en España, donde la ley es la expresión de la voluntad general libremente expresada.
Bien por Fomento de Trabajo. Sin tapujos, sin veladuras, sin condicionamientos, los empresarios catalanes han descuartizado a los dirigentes secesionistas acusándoles de perpetrar un golpe de Estado, sin violencia en principio, pero en abierto desafío a la Constitución votada por todos los españoles, y, entre ellos, los catalanes.