El Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña para frenar la deriva secesionista. Mariano Rajoy ha anuciado en una rueda de prensa que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros pues se entiende como inconstitucional el nuevo reglamento de la Cámara catalana, ya que vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.
La admisión a trámite por parte del TC supondría la paralización de la reforma reglamentaria, que permite aprobar en un solo día, mediante el trámite de lectura única, las llamadas leyes de desconexión. Rajoy ha argumentado que con este recurso el Gobierno cumple con su obligación de velar por la legalidad, defendiendo a la vez a las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios, que "no pueden ser utilizados al servicio de una actuación abiertamente contraria al derecho".
Ha recordado que ayer mismo la patronal catalana pidió a la Generalidad que renuncie a sus planes rupturistas y que incluso el letrado mayor del Parlamento se ha mostrado contrario, lo que demuestra que "la sociedad catalana es muy plural y de talante muy moderado". El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que la única intención con esa reforma es "aprobar por trámite de urgencia y sin las más elementales garantías democráticas las leyes con las que pretenden liquidar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía".
"No habrá referéndum el 1 de octubre", ha advertido, y ha argumentado que no lo habrá porque el TC ha dicho claramente que es inconstitucional y por lo tanto ilegal, porque va directamente contra la propia arquitectura constitucional que "ha dado a Cataluña el mayor nivel de autogobierno de toda su historia".
Rajoy ha hecho hincapié en que el Gobierno mantiene la determinación de defender la ley "con la serenidad y la mesura que le brindan los instrumentos del Estado de derecho". Aunque ha insistido en que él siempre ha estado dispuesto "a dialogar de la mejor manera en beneficio de todos", ha recalcado que lo que "nadie puede pretender" es que negocie la ruptura de la Constitución, que no es patrimonio suyo, ni del Gobierno, sino del conjunto de los españoles.