Ayer, un grupo de militares del Ejército venezolano se alzó contra el Gobierno de Nicolás Maduro y lanzó un comunicado en el que señalaban que su intención era restablecer el orden constitucional, haciendo un llamamiento a todos los ciudadanos del país para solicitar su respaldo. La intentona se saldó con un muerto y varios detenidos, y el castrista Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, se apresuró a gritar a los cuatro vientos que “atacantes terroristas mercedarios entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos”. Lo ocurrido se inscribe en una situación insostenible, pero que Maduro está dispuesto a mantener a cualquier precio. Desde que el pueblo venezolano le manifestó claramente su rechazo y se formó una Asamblea dominada por la oposición, el líder bolivariano no ha hecho otra cosa que intentar recuperar todo el poder legislativo y judicial. Jamás ha estado dispuesto a oír la voz de ese pueblo al que, con el cinismo propio de dictadores y populistas, dice servir y defender.
Así, los últimos sucesos en Venezuela, cada vez de mayor gravedad, no son sorpresivos, sino el triste corolario de un régimen que siempre fue autoritario y tiránico y que ahora ya es en toda regla una dictadura. No otra cosa que la proclamación de la dictadura ha sido la formación de la Nueva Asamblea Nacional Constituyente orquestada por Maduro. Una Asamblea con la que el sucesor de Hugo Chávez, a quien ha dejado pequeño, persigue absoluta carta blanca para seguir arruinado a Venezuela.
Con la Constituyente, Maduro quiere tener licencia para reprimir -y matar-, algo que siempre ha hecho, y que se ha incrementado, pues más de un centenar de víctimas mortales y un sinfín de detenidos se ha cobrado el régimen en los últimos meses. La farsa de esa nueva Asamblea ha sido rechazada por Estados Unidos, la Unión Europa (UE), MercoSur, el Vaticano, y numerosos países hispanoamericanos. El chavismo ha sacado su semblante más siniestro y Maduro es ya poco menos que un capo aferrado al poder en un país que considera su territorio.