Todos sabemos que España es un destino turístico por excelencia. Ha logrado situarse como prácticamente el país más visitado, y ofrece a quienes lo eligen una enorme variedad de atractivos, que no son únicamente sol y playa. Nunca está de más recordar que nuestra nación cuenta con uno de los más ricos y abundantes patrimonios naturales y artísticos. A todos los alicientes se une que resulta seguro -aunque nunca ha de bajarse la guardia-, frente a otros que recientemente han sufrido con intensidad el brutal zarpazo del terrorismo yihadista. Con la base de ser el lugar elegido por millones y millones de turistas, no es extraño que este sector sea un importantísimo pilar de la economía española (nada menos que el 11% del PIB), del que no podemos prescindir.
El orgullo que esto supone para la inmensa mayoría de los españoles, ratificado en recientes encuestas, no significa que deban cerrarse los ojos ante los problemas que, como en todo, también existen en el sector. A nadie se le escapa, por ejemplo, que sería necesario tomar medidas contra cierto turismo camorrista y de borrachera que enturbia el adecuado comportamiento de la mayoría de quienes nos visitan y disfrutan de todo cuanto les brinda España. Pero esto nada tiene que ver con la violenta campaña de acoso y derribo al turismo que se ha puesto en marcha, sobre todo en Cataluña, que precisamente es la Comunidad Autónoma que encabeza el ránking turístico. O también en Mallorca, donde se ha atentado contra el turismo náutico, que no es precisamente ni masivo ni zarrapastroso.
Grupos de radicales y antisistema en la órbita de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) están llevando a cabo actos intolerables actos vandálicos, desplegando pancartas y ensuciando las fachadas de establecimientos hoteleros, con peregrinos argumentos del cariz de que el turismo genera esclavitud. Habría que hacer caso omiso a tanto esperpento, pero no es posible pues es mucho lo que está en juego y ya esos actos y esa actitud están siendo aireados e incluso agrandados fuera de nuestras fronteras, con evidente perjuicio para todos.
Hasta para los que los provocan, a cuya de todo punto inaceptable actitud no son ajenas determinadas políticas de Ayuntamientos que se proclaman “progresistas”. Muy “progresista” es negar licencias a quienes desean emprender una actividad en el sector turístico, o cerrar terrazas y restaurantes, que, obviamente, generan empleo. Pero, claro, el colmo del “progresismo” es estar a favor de que se incremente el paro, algo que sucedería indefectiblemente si no se pone coto a esta turismofobia que debe ser contenida contundente e inmediatamente.